JEP admite competencia en crimen de Álvaro Gómez, pero solo respecto a exfarc
La Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dejó en firme su decisión de investigar el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado bajo la hipótesis de que fue un crimen de las Farc, aunque aclaró de forma contundente que esto no impide ni excusa a la Fiscalía General de la Nación de seguir buscando a los responsables dentro del Estado y el narcotráfico como reclaman las víctimas.
Los magistrados del tribunal de paz resolvieron el recurso final de la familia Gómez, que pedía sacar el expediente de la JEP, y concluyeron que la confesión de los exguerrilleros es suficiente para mantener el caso abierto en esta jurisdicción, sin que eso signifique que sea la única verdad posible.
El fallo delimitó el terreno y sentenció que investigar a la guerrilla «no configura ningún tipo de interferencia» con los procesos de la justicia ordinaria. La JEP ordenó que la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones continúen con sus pesquisas sobre «otros agentes estatales y no estatales» que no pueden ser juzgados por el tribunal de paz.
Enrique Gómez Martínez y María Mercedes Gómez Escobar cuestionaron que la JEP basara su poder en «versiones voluntarias no corroboradas» de la antigua guerrilla. Los familiares insistieron en que el magnicidio, ocurrido el 2 de noviembre de 1995, fue un crimen de Estado con participación del Cartel del Norte del Valle y señalaron la presunta responsabilidad del expresidente Ernesto Samper.
Frente a esto, la Sección de Apelación respondió que su trabajo «solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP», por lo que las otras líneas de investigación siguen vigentes en la justicia ordinaria.
La decisión judicial reconoció que todavía hay interrogantes sobre la versión de los excombatientes. «Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP», admitió el tribunal en su resolución.
Los magistrados explicaron que la confesión del antiguo Secretariado, quienes dijeron haber matado a Gómez por considerarlo un objetivo militar, es una «hipótesis plausible» que debe ser verificada a fondo «hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal».
La JEP cerró la discusión al advertir que «le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones» para sancionar a todos los responsables, sin importar si el juicio ocurre en la justicia transicional o en la ordinaria, y garantizó que las víctimas podrán presentar sus objeciones en cada etapa del proceso.
(Colprensa).