Un juez ordenó a la Universidad San José entregar a la representante Jennifer Pedraza información académica sobre 1.276 funcionarios públicos, dentro de los cuales al menos 779 tendrían irregularidades por inconsistencias causadas por la Universidad.
Pedraza fue quien denunció las irregularidades en el título de Juliana Guerrero, una joven cercana al presidente, Gustavo Petro, pero que no cumplía los requisitos para ocupar los cargos para los que aspiraba, y ha seguido investigando sobre el tema.
Reveló además que había otros casos de funcionarios del Gobierno que se habían graduado de manera extra rápida o en varias carreras al mismo tiempo.
En un comunicado, la Universidad San José respondió que cumplirá con la orden judicial, aunque señaló que la información solicitada incluye datos personales de la actividad académica de personas egresadas de la institución, que están vinculadas con el Estado.
“Se trata de información que, conforme a la normatividad vigente y la jurisprudencia constitucional, incluye datos de carácter público y de naturaleza semiprivada”, dijo la entidad.
Precisó que entregará la información, pero informará también a cada uno de los egresados involucrados cuál será la información que entregará de ellos.
/colprensa