Grupos armados en colombia inician el 2026 con 27.000 miembros
El panorama de seguridad con el que inició 2026 quedó marcado por un fortalecimiento sin precedentes de los actores ilegales que incorporaron 5.000 nuevos miembros a sus filas y expandieron su control territorial, mientras el Estado enfrentó dificultades operativas para contener el repunte del 34 % en los enfrentamientos armados y la consolidación de 13 zonas de disputa en el país.
Así lo revela el más reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que señala que los grupos armados continuaron su tendencia de fortalecimiento militar que se presenta desde 2018, alcanzando un total de 27.121 integrantes al cierre de diciembre de 2025. Este aumento del 23,5 % frente al año anterior se distribuyó entre 13.794 hombres en armas (+20 %) y 13.327 personas en redes de apoyo (+27 %).
El informe detalla que «ni las acciones militares, ni las negociaciones, ni la oferta de sometimiento individual lograron reducir la capacidad de reclutamiento y recomposición de todos los grupos». Entre las causas de este crecimiento, la FIP identificó la adopción de nuevos incentivos para el reclutamiento, como «el ofrecimiento de salarios, bonos y vacaciones».
El Clan del Golfo registró el crecimiento más notorio con un aumento del 30 %, lo que equivalió a casi 2.300 personas más en sus filas, alcanzando un total de 9.840 integrantes. Por su parte, el Estado Mayor Central (EMC) bajo el mando de ‘Iván Mordisco’ creció un 23 % llegando a 4.019 miembros, y el ELN aumentó su pie de fuerza en un 9 %, sumando 6.810 integrantes.
A pesar de que las acciones de la Fuerza Pública aumentaron un 34 % durante 2025, la FIP concluyó que esta ofensiva no se tradujo en una mejora de las condiciones de seguridad. La entidad advirtió que la política de Paz Total se asemejó cada vez más a una «paz electorera», entendida como un medio para cumplir fines distintos a los de llevar alivios humanitarios a los territorios.
El documento explicó que la respuesta del Estado continuó siendo reactiva, actuando después de que los hechos ocurrieron, lo que evidenció un debilitamiento de las capacidades de inteligencia. Aunque hubo resultados operativos, «los grupos armados no mostraron afectaciones sustanciales en su capacidad de acción y el avance en la recuperación del control territorial siguió siendo limitado».
Guerra tecnológica y crisis humanitaria
La capacidad militar de los grupos ilegales se potenció con el uso de nuevas tecnologías. Según datos oficiales citados por la FIP, en 2025 se registraron 277 ataques con drones cargados de explosivos, más del doble que en 2024, siendo la mayoría atribuidos al EMC.
Este escenario de confrontación tuvo un impacto directo en la población civil. Las disputas entre grupos armados alcanzaron su nivel más alto en 10 años, con un aumento del 34 % en los enfrentamientos. Como consecuencia, las víctimas de desplazamiento forzado crecieron un 85 %, impulsadas en gran medida por la crisis en el Catatumbo.
Además, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) reportó que más de un millón de personas resultaron afectadas por confinamientos y limitaciones a la movilidad, una cifra que triplicó lo registrado el año anterior.
El secuestro presentó un aumento del 133 %, pasando de 279 casos en 2024 a 651 en 2025, transformándose hacia una modalidad «más urbana, con más actores involucrados y en la que predominó la modalidad extorsiva». Asimismo, los ataques contra la infraestructura y bienes civiles crecieron un 58 %.
La FIP alertó que el control de los grupos armados trascendió lo militar para incidir en la vida cotidiana. Las estructuras impusieron «mayores restricciones a la movilidad, controles directos como la carnetización y presiones constantes sobre los liderazgos locales».
El informe puntualizó que el 2026 arranca con «señales claras de deterioro» y con los grupos armados marcando el pulso en amplias zonas del país, donde el mapa de la guerra se expandió a 13 zonas de disputa activa.
/colprensa