Repatriación de ahorro pensional afectaría financiación del sistema: Contraloría
La Contraloría General de la República advirtió que el decreto que prepara el Ministerio de Hacienda para reducir el límite de inversiones en el exterior de los fondos de pensiones obligatorias generaría una presión fiscal adicional y pondría en riesgo la estabilidad del sistema al forzar una repatriación de capitales hacia un mercado local sin la capacidad suficiente para absorberlos.
El ente de control analizó la iniciativa del Gobierno, que propuso reducir el tope de inversión extranjera de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) del 49% actual al 30% en un periodo de cinco años. Según las proyecciones revisadas por el organismo, esta medida implicaría una repatriación de recursos por 100,3 billones de pesos en 2028 y de 177,8 billones de pesos aproximadamente para el año 2030.
Frente a este flujo de capitales, la entidad fiscalizadora señaló que «no se tiene certeza sobre los proyectos de inversión o alternativas locales capaces de absorber la proporción de inversión nacional dentro de los portafolios de las AFP», la cual pasaría del 51% actual al 69%, lo que representa un aumento del 18% en la exposición al mercado interno.
El análisis técnico enfatizó que, históricamente, «las inversiones realizadas dentro del país han presentado rendimientos más bajos que aquellas realizadas en mercados internacionales». La Contraloría detalló que limitar la diversificación internacional se traduciría en una «menor rentabilidad ajustada por riesgo», lo que afectaría de manera directa el ahorro de los colombianos.
Para ilustrar el impacto, el organismo presentó simulaciones financieras: un millón de pesos invertido en 2011 en activos internacionales habría alcanzado un valor de 3.228.356 pesos (8,5% de rentabilidad anual), mientras que la misma inversión en el mercado interno solo habría llegado a 1.670.363 pesos (6,8% anual).
En términos prácticos para el trabajador, esta brecha de rendimientos implicaría que, «al momento de pensionarse, un trabajador podría contar con un saldo hasta 29,5% menor, lo que se traduciría en una reducción equivalente en el valor de su mesada pensional». Además, se calculó que con la medida se podrían dejar de percibir rendimientos por 3,2 billones de pesos en las cuentas individuales de los afiliados.
Más allá del impacto individual, la entidad alertó sobre las consecuencias para las finanzas públicas. Dado que el artículo 48 de la Constitución establece que el Estado es garante de la pensión, «si los recursos pensionales rentan menos, el faltante para lograr una pensión mínima tendría que asumirlo el Estado, implicando un mayor riesgo de déficit fiscal».
La Contraloría concluyó que una asignación de recursos «guiada más por necesidades fiscales que por criterios técnicos» comprometería el crecimiento de los ahorros a largo plazo. En el contexto de la reforma pensional, la disminución de recursos transferidos desde las AFP por menores rendimientos «incrementaría el déficit actuarial y obligaría al Estado a destinar mayores recursos fiscales para garantizar el pago de las pensiones, especialmente entre 2037 y 2052».
Repatriación de ahorro pensional afectaría financiación del sistema: Contraloría
La Contraloría General de la República advirtió que el decreto que prepara el Ministerio de Hacienda para reducir el límite de inversiones en el exterior de los fondos de pensiones obligatorias generaría una presión fiscal adicional y pondría en riesgo la estabilidad del sistema al forzar una repatriación de capitales hacia un mercado local sin la capacidad suficiente para absorberlos.
El ente de control analizó la iniciativa del Gobierno, que propuso reducir el tope de inversión extranjera de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) del 49% actual al 30% en un periodo de cinco años. Según las proyecciones revisadas por el organismo, esta medida implicaría una repatriación de recursos por 100,3 billones de pesos en 2028 y de 177,8 billones de pesos aproximadamente para el año 2030.
Frente a este flujo de capitales, la entidad fiscalizadora señaló que «no se tiene certeza sobre los proyectos de inversión o alternativas locales capaces de absorber la proporción de inversión nacional dentro de los portafolios de las AFP», la cual pasaría del 51% actual al 69%, lo que representa un aumento del 18% en la exposición al mercado interno.
El análisis técnico enfatizó que, históricamente, «las inversiones realizadas dentro del país han presentado rendimientos más bajos que aquellas realizadas en mercados internacionales». La Contraloría detalló que limitar la diversificación internacional se traduciría en una «menor rentabilidad ajustada por riesgo», lo que afectaría de manera directa el ahorro de los colombianos.
Para ilustrar el impacto, el organismo presentó simulaciones financieras: un millón de pesos invertido en 2011 en activos internacionales habría alcanzado un valor de 3.228.356 pesos (8,5% de rentabilidad anual), mientras que la misma inversión en el mercado interno solo habría llegado a 1.670.363 pesos (6,8% anual).
En términos prácticos para el trabajador, esta brecha de rendimientos implicaría que, «al momento de pensionarse, un trabajador podría contar con un saldo hasta 29,5% menor, lo que se traduciría en una reducción equivalente en el valor de su mesada pensional». Además, se calculó que con la medida se podrían dejar de percibir rendimientos por 3,2 billones de pesos en las cuentas individuales de los afiliados.
Más allá del impacto individual, la entidad alertó sobre las consecuencias para las finanzas públicas. Dado que el artículo 48 de la Constitución establece que el Estado es garante de la pensión, «si los recursos pensionales rentan menos, el faltante para lograr una pensión mínima tendría que asumirlo el Estado, implicando un mayor riesgo de déficit fiscal».
La Contraloría concluyó que una asignación de recursos «guiada más por necesidades fiscales que por criterios técnicos» comprometería el crecimiento de los ahorros a largo plazo. En el contexto de la reforma pensional, la disminución de recursos transferidos desde las AFP por menores rendimientos «incrementaría el déficit actuarial y obligaría al Estado a destinar mayores recursos fiscales para garantizar el pago de las pensiones, especialmente entre 2037 y 2052».
/colprensa