Bloqueo de señal celular será aplicado en ‘La Tramacúa’
El Gobierno Nacional anunció que una de las primeras medidas para reforzar el control en los centros penitenciarios del país, será el bloqueo total de la señal de telefonía celular en la cárcel de máxima seguridad ‘La Tramacúa’, en Valledupar, con el objetivo de cortar las comunicaciones utilizadas para extorsiones y otras actividades criminales que se originan desde su interior.
La decisión fue confirmada por el ministro de Justicia y del Derecho, Andrés Idárraga Franco, durante un acto de entrega de dotación de seguridad al personal del INPEC en la cárcel La Modelo de Bogotá. Según explicó, la instrucción ya fue impartida a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y deberá ejecutarse esta misma semana.
El jefe de la cartera de Justicia señaló que la falta de funcionamiento de los bloqueadores ha permitido que estructuras delictivas continúen operando desde prisión, por lo que advirtió que no habrá más retrasos técnicos ni administrativos. Incluso, indicó que la continuidad de los directores de los centros de reclusión dependerá de su capacidad para garantizar el orden interno y el cumplimiento de la ley.
Idárraga también alertó sobre la posible proyección internacional de la criminalidad carcelaria y anunció contactos con autoridades de El Salvador para verificar eventuales vínculos con delitos cometidos fuera del país.
En cuanto a la seguridad del personal penitenciario, el ministro informó sobre una inversión superior a 15.000 millones de pesos para la adquisición de armas, chalecos antibalas y elementos de protección, al reconocer que existe una relación directa entre las economías ilegales dentro de las cárceles y los ataques contra funcionarios del INPEC.
Aunque se avanzó en la ampliación de la prima de riesgo para algunos trabajadores administrativos, el ministro admitió que las medidas aún son insuficientes frente al panorama actual, reiterando que el bloqueo de las comunicaciones ilegales en ‘La Tramacúa’ será una pieza clave para reducir la violencia asociada al sistema penitenciario.