CIDH analiza responsabilidad del estado en masacre de Barrancabermeja
La Corte Interamericana de Derechos Humanos instalará este miércoles la audiencia pública del caso Cañas Cano y otros contra Colombia para determinar la responsabilidad internacional del Estado en la masacre perpetrada el 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja, un litigio que cuestiona por primera vez ante este tribunal los alcances de la justicia transicional y que coincide con nuevas revelaciones militares sobre la coordinación logística que facilitó el asesinato de siete personas y la desaparición forzada de otras veinticinco.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado representará a Colombia en la diligencia convocada para las 8:00 a. m., hora local. El proceso examina los hechos ocurridos hace casi 28 años, cuando estructuras paramilitares incursionaron en varios barrios del puerto petrolero con la presunta aquiescencia y colaboración de agentes estatales. El ataque dejó siete muertos, incluido un niño, y 25 desaparecidos, entre ellos dos niñas y una mujer.
El caso llegó a la Corte IDH en julio de 2024, tras la emisión del Informe de Fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en junio de 2021 y luego de once prórrogas solicitadas por el Estado colombiano. El tribunal internacional consideró que el expediente plantea asuntos de orden público interamericano, específicamente sobre la connivencia estatal, la desaparición forzada y el acceso a la justicia.
Aunque el Estado realizó un reconocimiento parcial de responsabilidad por omisión en 2007, la Corte analizará ahora una eventual responsabilidad por acción, derivada de una “inacción deliberada y coordinada” de la Fuerza Pública. Además, el juicio representa un hito jurídico, pues se cuestionarán los avances de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el esclarecimiento de estos hechos.
La confesión del capitán Daza Camargo
El contexto del juicio se agudizó tras conocerse el testimonio del capitán retirado del Ejército Álvaro Enrique Daza Camargo, quien reconoció su participación en los hechos. Según testimonios revelados por Caracol Radio, el oficial admitió que levantó los puestos de control bajo órdenes superiores para no interferir con el operativo ilegal.
Daza Camargo, quien para la época comandaba la base militar de Pozo Siete, detalló la instrucción recibida la noche de la incursión: “No saque retén, no haga, no se mueva. Básicamente fue lo que hice”.
El exmilitar explicó que su actuación se basó en la obediencia debida y rompió un silencio de 27 años frente a la justicia ordinaria y la JEP. “Estaba en una institución donde me daban una orden y uno cumplía la orden que le daba su comandante”, señaló el oficial en retiro en las grabaciones difundidas.
La investigación estableció que la omisión de la Fuerza Pública permitió que un grupo de aproximadamente 40 paramilitares recorriera sin oposición los barrios del nororiente de Barrancabermeja. Los cuerpos de las víctimas desaparecidas fueron sustraídos en camiones tras la incursión.
Durante su declaración, Daza Camargo se refirió al peso de ocultar la información durante casi tres décadas: “Esa es, digo yo, la cara de la vergüenza tan berraca que tengo yo. Tener que tapar uno tantas cosas durante tanto tiempo, una simple orden que me dieron y tenerla…”.
El capitán retirado ofreció excusas a los familiares de las víctimas y aseguró que su formación personal difería de las órdenes recibidas: “Yo me disculpo con todos ustedes, con los señores de las víctimas (…) yo no lo vi normal”.
Los testimonios entregados ante la justicia transicional también vincularon a otros mandos de la época, como el coronel Óscar Diego Sánchez Vélez, entonces comandante del Batallón Nueva Granada, y el mayor Oswaldo Prada Escobar, señalados de coordinar la logística para el ingreso de las Autodefensas Unidas de Colombia a la zona.
/colprensa