Estrenar la suspensión provisional
Por. Germán Vargas Lleras
El futuro de la democracia colombiana se va a definir en los próximos días, a través del fallo que emita la Corte Constitucional sobre la emergencia económica decretada por el señor Petro y su gobierno, tan solo unos días después de que le fuera negada, en buena hora por el Congreso, su ley de financiamiento. No se trata simplemente de definir si se van a aplicar durante el 2026 una serie de impuestos confiscatorios y mal diseñados. No, lo que está en juego es la posibilidad de que por medio de un estado de excepción, el gobierno de turno pueda imponer normas que el Legislativo ha negado.
Lo que se discute aquí es la separación de los poderes públicos, que es uno de los pilares de la democracia y que este gobierno insiste en acabar, en esta ocasión, con su pretensión de imponer los tributos que el Congreso rechazó. Si la Corte avala esta emergencia decretada, el Poder Legislativo habrá perdido su sentido y a partir de ese momento toda ley que sea negada podrá ser expedida mediante una declaratoria de emergencia económica.
Nuestra Constitución Nacional (CN) ha previsto que en ciertos casos de anormalidad extrema y sobreviniente, el Gobierno puede expedir normas que son de competencia del Congreso, de suerte que se puedan atacar en forma inmediata las raíces de la anormalidad. Es lo que sucede cuando estamos en presencia de un terremoto devastador. Ante lo excepcional, repentino e imprevisible del hecho, la CN faculta al Gobierno para que de manera excepcional y transitoria expida por fuera del cauce legislativo las normas que se requieran para conjurar la crisis, entre las cuales se incluye la imposición de tributos o su modificación.
Pero lo sucedido con esta declaratoria por parte de este gobierno es sorprendente: aduce que tiene una serie de gastos recurrentes en cuantía de $ 15,7 billones para el 2026, que dice no ser capaz de atender por la negativa de la ley de financiamiento, y los disfraza como hechos extraordinarios, sobrevinientes, atípicos e imprevisibles, para justificar la emergencia.
Resulta un exabrupto que al tiempo que el Gobierno considera un desfase presupuestal de $ 15,7 billones, como una crisis fiscal extraordinaria y atípica, que teóricamente pone en riesgo la estabilidad del país, suscriba un contrato para adquirir en Suecia unos aviones de combate por valor de más de $ 16 billones, aumente el salario mínimo en un 23,6 %, lo que implicará un faltante de $ 8 billones anuales, suscriba en 2025 más de 190.000 órdenes de prestación de servicios por valor de $ 8 billones y presenta un presupuesto para el 2026 incrementado en un 4,6 % por encima de la inflación.
Ninguno de los hechos invocados por el Gobierno como fundamento de una presunta calamidad –con la cual se pretende justificar esta emergencia– tiene carácter sobreviniente, extraordinario, imprevisible o repentino. Por el contrario, son situaciones conocidas y recurrentes, en su mayoría derivadas de problemas estructurales y crónicos que no han sido resueltos y que eran plenamente conocidos por el propio Gobierno. No existe, por tanto, ningún hecho que pueda calificarse como sobreviniente y que resulte idóneo para sustentar esta declaratoria.
Hay que decirlo con claridad, el Gobierno dispone de diversos mecanismos para enfrentar el déficit fiscal y atender los gastos que ahora alega como motivo de preocupación: la reducción del gasto, el control de la evasión y el contrabando, la reasignación de partidas presupuestales y la adopción de una política de estímulo al sector productivo que promueva la inversión, el crecimiento económico y un mayor recaudo tributario, entre otros, pero nada de esto se está haciendo.
Estas y otras consideraciones son las que tendrá que valorar sin pérdida de tiempo la Corte Constitucional para evitar por la vía de la suspensión del decreto de emergencia que se consoliden situaciones gravosísimas no solo para los contribuyentes, sino también para los entes territoriales que ya anunciaron acudir a la excepción de inconstitucionalidad para prevenir daños irreparables a sus magras finanzas.
Es de esperarse que ante la protuberante violación de nuestra CN la Corte se pronuncie no solo a la mayor brevedad sino de forma unánime, aunque ya sabemos el sentir de varios magistrados que reiteradamente vienen acogiendo las tesis de este gobierno sin importar los argumentos y las graves consecuencias para el país.