“Este es un gobierno que no nos da, y ahora pretende quitarnos”
El departamento del Cesar se sumó al bloque de 17 gobernadores del país que expresaron su rechazo a la emergencia económica decretada por el Gobierno Nacional a finales de 2025, al considerar que la medida pone en riesgo la autonomía financiera de los territorios y debilita la descentralización administrativa.
La inconformidad de los mandatarios regionales se centra en el Decreto 1474 del 29 de diciembre de 2025, mediante el cual el Ejecutivo busca recaudar 16 billones de pesos a través de nuevos gravámenes para equilibrar el Presupuesto General de la Nación. Según los gobernadores, el alcance de esta norma traslada la carga fiscal a los departamentos y limita su capacidad de recaudo propio.
Durante la Cumbre de Gobernadores, realizada en Bogotá y convocada por la Federación Nacional de Departamentos (FND), la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán Dávila, cuestionó con dureza las decisiones adoptadas desde el nivel central. A su juicio, el Gobierno Nacional no solo ha reducido recursos para las regiones, sino que ahora avanza sobre competencias que corresponden a las entidades territoriales.
“Este es un gobierno que no nos da, y ahora pretende quitarnos”, expresó la mandataria, al advertir que el decreto invade la autonomía territorial. Sanjuán sostuvo que desde la FND se vienen impulsando iniciativas para fortalecer las finanzas regionales, pero que la medida va en contravía de ese objetivo al concentrar los ingresos en el Gobierno Nacional.
El decreto, expedido en el marco del estado de emergencia declarado mediante el Decreto 1390 de 2025, contempla, entre otros aspectos, el aumento del Impuesto al Consumo y el incremento del IVA del 5 % al 19 %, decisiones que, según los gobernadores, representan un riesgo significativo para la estabilidad financiera de los departamentos.
“El Gobierno nos ha demostrado que no nos escucha cuando, de manera autónoma, genera decretos que van en contra de lo que hacemos en el territorio. Somos los gobernantes locales quienes enfrentamos a diario los problemas sociales, económicos y de seguridad en nuestros pueblos”, afirmó Sanjuán Dávila.
ACCIONES JURÍDICAS Y RECLAMOS
En el encuentro, los gobernadores acordaron avanzar en acciones jurídicas para frenar la aplicación del decreto y proteger la autonomía territorial, mientras la Corte Constitucional se pronuncia de fondo sobre la constitucionalidad del estado de emergencia. Frente a esta decisión, la gobernadora del Cesar enfatizó en la necesidad de “adelantar las acciones legales que correspondan en contra de expresiones unipersonales y unilaterales por parte del Gobierno Nacional”.
Durante la reunión también se manifestó inconformidad frente a recientes declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, al considerar que deslegitiman la institucionalidad que representan los mandatarios departamentales.
En materia de seguridad, Sanjuán reiteró su preocupación por la situación del Cesar y anunció que solicitará una articulación efectiva con el nuevo comandante del Ejército Nacional, mayor general Royer Gómez, para implementar estrategias acordes con la realidad del departamento. “El Cesar no puede seguir sumándole muertes al país a causa de la guerra inclemente”, señaló.
Los gobernadores solicitaron además la realización urgente de Consejos Regionales de Seguridad, en el marco del Plan Democracia, con el fin de prevenir el constreñimiento armado, el control territorial, el confinamiento de comunidades y cualquier forma de interferencia violenta en el proceso electoral.
Otro de los puntos abordados fue el anuncio del Gobierno Nacional sobre la eliminación de peajes y de la figura de concesiones viales. Al respecto, la gobernadora del Cesar reconoció que, aunque existen críticas al modelo, “si hoy hay mantenimiento vial que garantice condiciones de movilidad en el país, es gracias a la permanencia de los peajes”.
Finalmente, la reunión extraordinaria incluyó un análisis sobre la situación fronteriza con Venezuela, las problemáticas estructurales del sistema de salud y las garantías de seguridad de cara a las próximas elecciones, temas que, según los gobernadores, requieren una mayor coordinación entre el Gobierno Nacional y las regiones.