Defensores Públicos de Cesar se unieron a plantón nacional
Defensores Públicos del departamento del Cesar, se sumaron a una jornada de protesta pacífica realizada de manera simultánea en distintas regiones del país, en rechazo al incumplimiento en el pago de honorarios correspondientes a los últimos meses, situación que aseguran afecta gravemente sus condiciones laborales y el funcionamiento de la defensa pública.
Los profesionales señalaron que desde el mes de noviembre no han recibido respuesta por parte del Gobierno nacional frente a las gestiones adelantadas para el desembolso de los recursos, pese a tratarse de un servicio esencial para garantizar el acceso a la justicia de la población más vulnerable.
Rosanis Jiménez, defensora pública en el Cesar, explicó que la problemática tiene alcance nacional y afecta a más de 4.000 defensores en todo el país. Indicó que en el departamento del Cesar son más de cien los profesionales que continúan prestando sus servicios a diario, a pesar de no recibir oportunamente el pago de sus honorarios. Según manifestó, el Ministerio de Hacienda no ha emitido una respuesta clara que permita destrabar la situación financiera.
Los defensores también denunciaron que durante el año anterior no se realizó ajuste salarial y que el retraso en los pagos se ha convertido en una constante, generando incertidumbre económica entre quienes ejercen esta labor bajo la modalidad de prestación de servicios.
Por su parte, Elías Daza Rincones, otro de los afectados, señaló que, aunque cada año se contemplan reajustes conforme al presupuesto institucional y al incremento del salario mínimo, hasta el momento no se han materializado mejoras ni beneficios. “Trabajamos en condiciones precarias, con pagos tardíos y sin incrementos, pese a que nuestra función está directamente relacionada con la garantía de los derechos humanos”, expresó.
Los defensores públicos reiteraron que la defensa pública no puede seguir operando bajo la incertidumbre financiera y exigieron a las autoridades nacionales una solución inmediata que permita el pago oportuno de los honorarios y el respeto por sus derechos laborales, advirtiendo que continuarán las manifestaciones pacíficas hasta obtener una respuesta concreta.