´Combates en Tibú evidencian la incoherencia en procesos de paz´
La Defensora del Pueblo Iris Marín cuestionó con severidad la verdadera intención de los grupos armados ilegales, especialmente tras el anuncio de un supuesto cese al fuego que en la práctica resultó inalcanzable.
La grave crisis humanitaria que atraviesa la zona rural de Tibú por los enfrentamientos armados entre el Frente 33 de las disidencias y el ELN fue calificada por la defensora del Pueblo, Iris Marín, como una muestra de la incoherencia existente entre los documentos firmados en las mesas de diálogo y la violenta realidad que padecen las comunidades en el territorio.
La situación de orden público en los sectores de La Gabarra y Pacheli alcanzó niveles críticos desde el pasado 24 de diciembre, fecha en la que se intensificó una disputa territorial que no dio tregua ni siquiera durante las festividades de fin de año. Según advirtió el ministerio público, la población civil quedó atrapada en medio del fuego cruzado, lo que generó una emergencia social que desbordó la capacidad de respuesta local.
El impacto del conflicto se reflejó en el desplazamiento forzado de más de 60 familias que llegaron a la Alcaldía de Tibú en busca de refugio, huyendo de la violencia en sus veredas. Sin embargo, el escenario resultó aún más complejo para quienes no lograron salir; en el corregimiento de La Gabarra, un número indeterminado de personas permaneció confinado en una escuela, sin que hasta el momento se pudiera establecer un censo exacto de los afectados debido a que la intensidad de los combates impidió el ingreso a la zona.
La crisis se agravó por el bloqueo de las vías impuesto por los grupos criminales, una estrategia que anuló cualquier posibilidad de establecer un corredor humanitario. Esta restricción impidió que las ambulancias y las misiones humanitarias, integradas por la Iglesia Católica y Naciones Unidas, pudieran ingresar al terreno para asistir a los heridos o entregar alimentos a las familias aisladas.
Al respecto, Marín explicó las dificultades operativas en el terreno y señaló que «en este momento los combates son tales que no hay condiciones de seguridad para ingresar», a lo que se sumó la imposibilidad de la fuerza pública para acceder al área debido a complicaciones climáticas adversas que limitaron las operaciones.
La Defensoría del Pueblo cuestionó con severidad la verdadera intención de los grupos armados ilegales, especialmente tras el anuncio de un supuesto cese al fuego que en la práctica resultó inalcanzable.
La funcionaria advirtió de manera tajante que «hay una incoherencia entre lo que se firma y lo que está pasando», poniendo en tela de juicio la efectividad de los compromisos adquiridos en las negociaciones.
Según la información recopilada por la entidad, el Frente 33, lejos de avanzar hacia un desmonte de sus operaciones, aprovechó el tiempo de los diálogos para fortalecerse territorialmente. Las evidencias apuntaron a que esta estructura trasladó combatientes de otras regiones con el objetivo específico de mantener y reforzar su ofensiva contra el ELN en la región del Catatumbo.
Frente a la gravedad de los hechos, la Defensora hizo un llamado urgente a los actores armados para que detengan las hostilidades y respeten el Derecho Internacional Humanitario.
«Lo principal es pedirle tanto al Frente 33 como al ELN que suspendan los enfrentamientos de inmediato y que permitan que la gente pueda estar un poco tranquila», reclamó Marín./Colprensa