Paro armado permanente
La magnitud de las acciones criminales perpetradas esta semana a lo largo y ancho del país, y que no se veían hace décadas, es la evidencia del desmonte deliberado de la capacidad y autoridad del Estado, el empoderamiento del crimen organizado y el colapso de la mal llamada ‘paz total’ del señor Petro.
El paro armado del Eln, anunciado del 14 al 17 de diciembre, por lo visto ya es permanente. Solo un día después de ese término, el país presenció un nuevo ataque. Esta vez a la base militar de Aguachica, que dejó seis soldados asesinados y decenas de militares heridos. Esta escalada terrorista que completa más de 60 acciones violentas, 13 departamentos sometidos, comunidades, soldados y policías asesinados, no es una amenaza, es una demostración de poder frente a un Estado replegado e impotente. Y a este régimen nos van a someter los “hermanos” de Petro, como él los llama, de aquí en adelante. Este es solo el inicio.
El ataque a Buenos Aires, Cauca, ejecutado por alias Max Max de las disidencias, expuso la diezmada capacidad de la Fuerza Pública y la ausencia de Estado. Policías resistiendo, civiles heridos y un municipio destruido. Los uniformados permanecieron más de siete horas sin apoyo aéreo ni refuerzos, demostrando no solo la inoperancia de la inteligencia para anticipar estas acciones y la incapacidad de reacción, sino la indolencia del Presidente y su gobierno. Como era de esperarse, la respuesta del Ejecutivo se limitó a ofrecer inútiles recompensas que no motivan a nadie, a minimizar la evidencia y a hablar de “terrorismo mediático” o “escaramuzas para aterrorizar a la población”. ¿Habráse visto algo similar? Inaudito.
Y estos hechos no son más que el reflejo del deterioro de la seguridad nacional. Los grupos armados ilegales en este Gobierno crecieron más de 55 % en hombres, control territorial y capacidad. Ninguna organización criminal se ha desmovilizado; por el contrario, se expandieron amparados en ceses del fuego sin verificación y en procesos de negociación y mesas de diálogo inocuas y sin exigencias, cuyos gastos ya superan los $ 80.000 millones en estos “conversatorios”.
Con una Fuerza Pública maniatada por el propio Gobierno, los secuestros, extorsiones y ataques a la infraestructura se dispararon. Las voladuras de oleoductos aumentaron más de 700 %. Solo Caño Limón-Coveñas sufrió 29 ataques. Y ni hablar de las consecuencias en vidas humanas. En estos tres años, los homicidios aumentaron cerca del 8 %, alcanzando 40.663 víctimas, cifra récord frente a gobiernos anteriores y sigue subiendo.
Y ¿cómo entender que mientras Estados Unidos designó al ‘clan del Golfo’ como organización terrorista extranjera, Colombia negocia con esa estructura y contempla beneficios jurídicos incompatibles con ese estatus? Con esta designación, el país ya tiene 4 grupos criminales catalogados como organizaciones terroristas por EE. UU., lo que a nadie parece importarle.
A ello se suma la congelación de 22 extradiciones avaladas por la Corte Suprema, el ocultamiento de alias Mocho Olmedo por la Dirección Nacional de Inteligencia para evitar su captura y la reciente suspensión a la de ‘Araña’. Por lo visto, según marrano, continuamos negando extradiciones cuando ya sabemos que no hay mejor instrumento de cooperación judicial. ¿Y todavía hay quienes se sorprenden por las medidas adoptadas por Trump y el Gobierno norteamericano cuando, además de estas evidencias, las cifras del narcotráfico y producción de cocaína alcanzaron un récord histórico?
Y existe un riesgo mayor. Con la escalada armada de los grupos ilegales fortalecidos, con su control territorial ampliado y con mayor capacidad de coerción, el país se encamina a un proceso electoral bajo presión de los criminales. En gran parte del territorio hoy mandan estos delincuentes, controlan la movilidad, imponen horarios, restringen campañas y deciden quién entra y quién no. No es alarmismo; en estas condiciones, no vamos a tener elecciones libres en buena parte del país y pareciera que es lo que le conviene al régimen para garantizar su permanencia en el poder.
Pero más grave aún es el peligro inminente de continuar la ‘paz total’ bajo la batuta de quien la concibió, el senador y ahora candidato Iván Cepeda, quien anuncia en público una versión “recargada” de la misma, pero avalada por una Constituyente.