La Contraloría General de la República advirtió sobre los riesgos que trae para los recursos públicos la Resolución 10 de 2025, que modificó la regulación del crédito de fomento agropecuario y rural.
Según la entidad, la norma es jurídicamente improcedente, económicamente inconveniente y fiscalmente riesgosa. Además, podría afectar los recursos públicos y el acceso al crédito de los productores del campo y provocar un escenario de incertidumbre regulatoria y pérdida de confianza en el sistema de crédito rural.
De acuerdo con la Contraloría, la norma, que fue expedida por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA) fue publicada sin contar con estudios técnicos completos y tampoco se consultó su conveniencia a la ciudadanía ni a los actores del sector.
Además, no se solicitó concepto previo a la Superintendencia de Industria y Comercio, que es obligatorio cuando una regulación puede impactar la libre competencia; no se realizaron los análisis para medir su impacto en entidades como FINAGRO y el Fondo Agropecuario de Garantías, y no se evaluó cómo puede afectar la medida las tasas de interés y el acceso de los productores rurales a financiamiento.
La Contraloría General de la República exhortó a la CNCA para que adopte medidas para impedir que la resolución tenga consecuencias negativas. /Colprensa