JEP recibió 37 declaraciones de militares del Batallón La Popa
De los 91 casos presentados esta semana ante la JEP por ejecuciones extrajudiciales, 37 corresponden a declaraciones presentadas por el Batallón La Popa de Valledupar.
POR
NIBALDO RAÚL
BUSTAMANTE DE LA CRUZ
Más de 37 declaraciones voluntarias por falsos positivos entregó esta semana el Batallón La Popa de Valledupar ante la Justicia Especial para la Paz, JEP.
De esta forma, el organismo castrense de la capital del Cesar se convierte en la unidad militar con el mayor número de casos manifestados, de los 91 que hasta ahora han declarado ante el modelo de justicia transicional.
Un sinnúmero de personas fueron asesinadas y presentadas como bajas en combates, la mayoría de ellas mostradas con indumentarias guerrilleras, sin embargo, en la mayoría de los casos se comprobó que hubo ejecuciones extrajudiales.
Entre los casos más sonados de falsos positivos en el Cesar aparecen el registrado el 21 de abril de 2004 en el municipio de Manaure, La Guajira, en el que resultaron muertos Rubiel López y Orlando Villarreal, dos estudiantes de Barranquilla que fueron presentados por el Ejército como miembros del Frente 59 de las FARC dados de bajas en un cruce de disparos. Por estos hechos la Fiscalía General de la Nación acusó a los militares César Jiménez Zambrano, Jorge Castellón Romero y Miguel Arrieta Fragoso, sindicados de los delitos de concierto para delinquir y homicidio en persona protegida. Los tres uniformados aún gozan de la libertad.
Las dos personas muertas eran estudiantes de contaduría pública de una universidad de Barranquilla que habían llegado a Valledupar detrás de una propuesta de trabajo.
El 30 de junio de 2004 un comando paramilitar y un grupo de soldados del Ejército Nacional se confabularon para planear lo que serían unos falsos positivos.
En la vereda Cuesta Plata, en jurisdicción de Pueblo Bello, Cesar, cuando paramilitares al mando de alias J-10 se reunieron con miembros del Ejército y al parecer planearon los ‘falsos positivos’ de unos habitantes de la calle de Fundación Magdalena.
En este operativo extrajudicial resultaron muertos Esnel Matute Ibáñez, Wilson Ruiz Arboleda, Luis Molina Gutiérrez, John EscorciaBennet y Carlos Castro Aguirre.
Según El País de España, la Décima Brigada Blindada es señaladapor la Fiscalía General de la Nación en ejecutar 283supuestos casos de falsos positivos en los departamentos de Cesar y La Guajira, incluso una investigación de una masacre de indígenas y una denuncia de violencia sexual.
CIFRAS NACIONALES
El asesinato en Colombia de civiles presentados como guerrilleros o paramilitares muertos en combate ha llevado a la Fiscalía a vincular a procesos judiciales a un total de 2.219 miembros de la Fuerza Pública, de esos805 fueron condenados. Los hechos a los que se hace referencia de este caso se registraron entre 1985 a 2013.
De acuerdo con la entidad, por estos casos los fiscales adelantan más de 2.219 investigaciones en las que el delito que está siendo investigado es el de homicidio, todos son atribuibles a integrantes de la Fuerza Pública y hasta el momento dejan un saldo de 4.048 víctimas, de los cuales 223 fueron menores de edad.
De acuerdo con la Fiscalía, del total de investigados 1.573 corresponden a miembros del Ejército Nacional, de los cuales 501 son oficiales, entre coroneles, mayores, capitanes y tenientes. Otros son sub-oficiales y soldados.
Según el informe, los agentes del Estado que han sido condenados son 805 por homicidios y tenían los siguientes rangos: Del Ejército fueron condenados 785uniformados, de ellos: cuatro coroneles, tres tenientes coroneles, 10 mayores, 22 capitanes, 68 tenientes, 48sargentos, 67 cabos, 2 dragoneantes, 562 soldados, en la lista existen tres uniformados más de quienes aún no se ha establecido el rango.
De la Armada fueron condenados nueve con los siguientes rangos: teniente, tres; sargento, 1; cabo, 1 e Infante de Marina, cuatro. Y en la Policía Nacional son 11los condenados: siendo de ellos dos agentes, cinco intendentes, dos tenientes y dos mayores.
También registra el documento que de los 2.219 casos que se están investigando, unos 775 están en etapa de investigación, 1.316 en preliminares, 52 en acusación,602 en juicio y 16 casos en los que se está tramitando un conflicto de competencias.