El jefe de la Contraloría, Carlos Herán Rodríguez enfatizó la efectividad de su tarea al comparar el dinero recuperado con lo que cuesta mantener a la entidad funcionando. Según explicó Rodríguez Becerra, mientras la entidad tuvo un presupuesto de 1,4 billones de pesos, la Auditoría General certificó que solo en 2024 recuperaron cerca de 2,5 billones de pesos
El contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, presentó en Bogotá su balance de cuentas de 2025 en el que destacó que durante su administración la entidad ha recuperado para el Estado 3,8 billones de pesos que estaban en riesgo de perderse por malos manejos, una gestión que se desarrolló en medio de fuertes advertencias sobre los huecos financieros que hoy tienen en jaque la prestación de servicios de salud y el pago de subsidios de energía y gas para los colombianos.
El organismo de control enfatizó la efectividad de su tarea al comparar el dinero recuperado con lo que cuesta mantener a la entidad funcionando. Según explicó Rodríguez Becerra, mientras la entidad tuvo un presupuesto de 1,4 billones de pesos, la Auditoría General certificó que solo en 2024 recuperaron cerca de 2,5 billones de pesos, lo que demuestra que la labor de vigilancia está dando resultados positivos para el bolsillo del país.
Además, señaló que actualmente tienen abiertos miles de procesos para determinar quiénes son los responsables de daños al patrimonio público por una suma estimada en 21,56 billones de pesos.
En su estrategia para combatir la corrupción, la unidad especial dedicada a este tema abrió este año 45 investigaciones por un valor de 2,15 billones de pesos. Dentro de estas acciones, la entidad señaló a los presuntos responsables de pérdidas millonarias en casos muy sonados. Entre los procesos más destacados donde se imputó responsabilidad, es decir, donde se definió quién debe pagar, se encuentran el caso de la EPS Medimás por más de 150.000 millones de pesos, irregularidades en el Ministerio del Deporte por más de 40.000 millones y el escándalo de los carrotanques de La Guajira en la Unidad de Gestión del Riesgo, por más de 22.000 millones de pesos.
Uno de los puntos más críticos del informe tuvo que ver con la salud de los colombianos. El Contralor alertó que existe una deuda gigante de 32,9 billones de pesos entre las aseguradoras y los hospitales o clínicas que prestan el servicio. Sin embargo, aclaró que esta cifra no incluye los datos de la Nueva EPS, ya que esta entidad no reporta sus estados financieros desde el año 2023, lo que genera una gran incertidumbre sobre cómo se están manejando esos recursos.
Ante este panorama oscuro en la Nueva EPS, Rodríguez Becerra ordenó una intervención inmediata de tecnología y analistas para obtener la información en tiempo real y verificar en qué se están gastando la plata. Esta crisis financiera tiene un impacto directo en la gente, pues la Contraloría evidenció que las quejas y reclamos de los usuarios aumentaron notablemente, pasando de 1,3 millones en 2023 a 1,6 millones en 2024, lo que refleja que la calidad de la atención médica se deterioró.
El sector energético también recibió fuertes advertencias. El ente de control identificó que falta mucha plata para pagar los subsidios que alivian el costo de los recibos a las familias. Concretamente, señaló un faltante de 935.000 millones de pesos para los subsidios de gas de los últimos tres trimestres de 2025 y una deuda acumulada de 2,7 billones de pesos en subsidios de energía eléctrica hasta septiembre de este año.
Sumado al tema de las deudas, el Contralor manifestó su preocupación por el futuro del abastecimiento de combustible en el país. Explicó que las reservas probadas de gas alcanzan solo para 5,9 años y las de petróleo para 7,2 años, lo que representa una disminución del 13 %. Para el funcionario, la falta de nuevos contratos de exploración y el estancamiento en la búsqueda de recursos ponen en riesgo la soberanía energética de Colombia y las finanzas del Estado.
En cuanto a la infraestructura, la entidad resaltó su estrategia «Salvando Obras», mediante la cual logró destrabar y entregar a la comunidad 408 proyectos que presentaban problemas, recuperando así una inversión de 6,38 billones de pesos desde el 2022. No obstante, el panorama sigue siendo complejo. El organismo caracterizó 1.769 proyectos que tienen diagnósticos críticos y que suman más de 63 billones de pesos en riesgo.
El Contralor detalló que el sector transporte es el que más preocupa, con más de 41 billones de pesos comprometidos en obras con problemas, seguido por el sector de vivienda y el de agricultura. Para vigilar estos recursos, la entidad usó tecnología avanzada que le permitió emitir 395 alertas tempranas este año, avisando sobre riesgos de pérdida de dinero por una cuantía de 15,9 billones de pesos, buscando actuar antes de que el daño sea irreversible.
EL HUECO EN EL BOLSILLO DE COLOMBIA
De otro lado, la Contraloría General de la República analizó con lupa las finanzas de Colombia y alertó sobre tres grandes problemas que podrían complicar el manejo del dinero público en 2026 debido a que el presupuesto aprobado depende de una reforma tributaria que todavía no existe y a que actualmente no se está cumpliendo la meta de recaudo de impuestos.
El organismo de control revisó los números y señaló que existe una gran incertidumbre sobre el dinero con el que contará la Nación en 2026. La preocupación principal radica en que el presupuesto aprobado presenta una alta dependencia de una ley de financiamiento que está en trámite y aún no ha sido aprobada por el Congreso. Según los cálculos, el gobierno planea gastar 546,9 billones de pesos, pero los ingresos estimados son de 530,7 billones, lo que deja un hueco o desbalance de 16,3 billones de pesos que se espera cubrir con dicha reforma.
La entidad explicó que este desequilibrio introduce riesgos fiscales importantes, pues se está contando con un dinero que no es seguro. Además, llamó la atención sobre una contradicción en las proyecciones del Ministerio de Hacienda, pues no resulta normal que se espere que la economía crezca un 3 % en 2026, pero que al mismo tiempo el recaudo de impuestos caiga un 1,8 %. Por esta razón, la Contraloría pidió una aclaración, ya que si el país produce más, lo lógico sería que también pagara más impuestos.
Al mirar la situación actual de 2025, la Contraloría advirtió que hay un retraso importante en la recolección de impuestos. Al comparar lo que se esperaba recibir hasta octubre con lo que realmente entró a las arcas del Estado, se encontró un cumplimiento del 95,8 %, lo que significa que faltan 9,8 billones de pesos para llegar a la meta. El organismo espera que en lo que falta del año se logre aumentar esta cifra, confiando en los tributos que aún faltan por pagar y en la recuperación de la economía.
NO ESTÁ GASTANDO
Otro punto que generó alerta es que el Gobierno no está gastando el dinero con la velocidad necesaria. El ente de control señaló que, a octubre de 2025, existen bajos niveles de ejecución del gasto, pues del total del presupuesto solo se comprometió el 67,2 %. La situación es más crítica en los recursos de inversión, es decir, el dinero destinado a obras y proyectos de desarrollo, donde la ejecución apenas llegó al 46,6 % faltando solo dos meses para que se acabe el año.
La entidad explicó que si esta tendencia continúa, se podrían presentar altos niveles de lo que técnicamente se llama pérdidas de apropiación y reservas presupuestales, tal como pasó en 2024. En palabras sencillas, esto refleja una falta de eficacia en el gasto público que impide que el dinero se traduzca en bienes y servicios necesarios para el desarrollo del país y el bienestar de la gente. Por ello, sugirió al Ministerio de Hacienda hacer los ajustes necesarios antes de que finalice el año fiscal para evitar estos inconvenientes.
/Colprensa