Inteligencia criminal
En Colombia ya no sorprende que los criminales se disfracen de autoridad. La inteligencia del Estado –esa que debería anticiparse a los ataques, desmantelar estructuras armadas y proteger la vida de los ciudadanos– se volvió, bajo este gobierno, una inteligencia criminal: útil para perseguir opositores, acosar periodistas, intimidar jueces y, paradójicamente, proteger a los narcos más peligrosos del país.
La evidencia está a la vista. La política de ‘paz total’ se presentó como un camino hacia la reconciliación, pero terminó convertida en un proyecto para entregar territorios estratégicos a disidencias y bandas criminales. Cada cese del fuego funcionó como un salvoconducto para que los grupos armados reconfiguraran su poder: Catatumbo, Cauca, Nariño, Arauca, Chocó, el sur del Valle, Caquetá, Putumayo y Guainía quedaron bajo el control del ‘Estado Mayor Central’; Córdoba, Sucre, el norte de Antioquia y el Urabá, bajo el dominio amable del ‘clan del Golfo’. Lo que el Gobierno llamó “paz” fue, en realidad, la legalización de la presencia armada ilegal en medio país.
Pero la entrega no se quedó en el territorio: llegó al corazón mismo del Estado. Los colombianos vimos estupefactos cómo el 23 de julio de 2024 una caravana de camionetas de la UNP transportaba a ‘Calarcá’, junto con siete de sus lugartenientes, todos armados, con dinero en efectivo y un menor de edad. No eran fugitivos: eran pasajeros oficiales, escoltados por el Estado. Y pese a la flagrancia, pese al escándalo nacional, pese a la ilegalidad evidente, fueron liberados sin consecuencias. “Gestores de paz”, dijo el Gobierno. La nueva categoría migratoria de los narcotraficantes.
Ese episodio no fue aislado. En las últimas semanas se conocieron fuertes indicios –correos, chats, reuniones, audios– que vinculan al general Juan Miguel Huertas, uno de los oficiales con más poder en el Ejército, y a un alto funcionario de la DNI con estructuras de las disidencias. No son rumores: son pruebas en investigación, lo suficientemente graves como para que la Procuraduría deba suspenderlos.
La política de ‘paz total’ se presentó como un camino hacia la reconciliación, pero terminó convertida en un proyecto para entregar territorios estratégicos a disidencias y bandas criminales
Mientras tanto, los colombianos del suroccidente viven bajo un régimen ‘de facto’. En las carreteras hacia el Cauca –Jamundí-Buenos Aires, Corinto-Miranda, Toribío-Caloto y la Panamericana a la altura de Mondomo– aparecen retenes de las disidencias que piden cédula y celular, intimidan y disparan a quien no se detenga. Esto ya no sucede en montañas remotas: ocurre a menos de una hora de Cali.
En este contexto, una grabación de ‘Gonzalito’, del ‘clan del Golfo’, solo confirmó lo que el país ya sabía: que este gobierno ha mostrado más empatía con los armados ilegales que con los soldados y policías que han puesto el pecho. “A este gobierno le duele más la muerte de un guerrillero que la de un policía”, dijo el jefe criminal.
La política de seguridad de este gobierno dejó de ser un proyecto público y se convirtió en una transacción. Tres años de favores, ceses unilaterales, liberaciones inexplicables, protección institucional, zonas entregadas y funcionarios sospechosos han producido el clima perfecto para lo que viene: las elecciones. Y las disidencias, agradecidas, ya anunciaron su intención de orientar el voto en los territorios donde ahora imponen su ley. ‘Calarcá’ lo dijo con una tranquilidad que hiela la sangre: si los campesinos preguntan por quién votar, él recomendará al candidato del Gobierno. Nada más democrático que un fusil opinando.
La tragedia no es que la delincuencia infiltre al Estado, sino que el Estado haya decidido trabajar con la delincuencia para gobernar con ella. Y mientras el país se desangra, los criminales afinan estrategias, territorios y votos. Porque lo entendieron mejor que nadie: este Gobierno no los persigue, los necesita, toda una inteligencia criminal.
*Exministro de Estado