Robo a la Ungrd, faltan más sorpresas
No se sabe qué resulta siendo lo más grave de la imputación de cargos a los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, por el escándalo de corrupción mediante el cual, desde el alto Gobierno, se orquestó un entramado de desvío de dineros, sobornos y compraventa de apoyos parlamentarios. De entrada, los delitos por los cuales se les procesa son de muy alto calado penal: concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. Y más aún por el monto de dinero público que abarcarían los ilícitos que se buscaban perpetrar: más de 612 mil millones de pesos en 79 contratos y convenios oficiales, de los cuales se alcanzaron a concretar siete.
También podría decirse, por ejemplo, que lo más complicado fue la conclusión de los fiscales delegados en torno a que desde la Casa de Nariño se gestó una “empresa criminal” de la que hicieron parte altos funcionarios de la sede presidencial. Ese término, en materia penal, es muy grave porque no solo evidencia que se actuó con dolo y premeditación para incurrir en un ilícito, sino que hubo un concierto para delinquir, con método y sistema definido, al más alto nivel del poder Ejecutivo.
No menos impactante fue la descripción puntual del modus operandi utilizado por los dos exministros referidos, así como el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, una exconsejera de la Casa de Nariño y otros altos funcionarios para afectar y direccionar ilegalmente convenios y contratos tanto de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres como del Invías, todo ello con el único fin de comprar votos de senadores y representantes a la Cámara para aprobar proyectos del Ejecutivo en el Congreso o conseguir el visto bueno de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a las operaciones de empréstitos del Gobierno nacional central.
Otro de los flancos críticos se refiere a cuál debe ser el grado de legitimidad que se debe reconocer a las leyes que fueron aprobadas por cuenta de este entramado corrupto y clientelista. Es evidente que el origen de esas normas está viciado porque los votos de algunos parlamentarios no respondieron al bien general de los colombianos, sino a un soborno directo. No hay que olvidar, por ejemplo, que en la ponencia que en la Corte Constitucional pide declarar inexequible la ley pensional, este es uno de los temas que hace parte de los argumentos que sustentan ese criterio. La Fiscalía, en la imputación a Bonilla y Velasco, habla incluso de congresistas con nombre propio que actuaron en esa dirección en la Comisión Séptima del Senado cuando se debatía allí la modificación al régimen de jubilación.
Y esto último lleva a otro asunto no menos alarmante. En el expediente que soporta las acusaciones a los dos exministros figuran no solo el testimonio de la asesora del entonces zar de las finanzas, sino las confesiones de los ya procesados y condenados integrantes de la cúpula de la citada Unidad, en donde detallan la forma en que se entregaron maletines con dinero en efectivo y se direccionaron contratos, partidas presupuestales y “cupos indicativos” a congresistas de la Comisión Interparlamentaria y otros senadores y representantes. Por simple lógica procesal es evidente que la sindicación a los extitulares de Hacienda e Interior impacta los procesos penales contra más de una decena de parlamentarios en la Corte Suprema de Justicia, y de los cuales, hasta ahora, solo están tras las rejas los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle. Se espera que el Alto Tribunal defina la situación jurídica del resto de investigados de manera pronta, más aún porque la mayoría de ellos está en trance de reelección.
Aún hay mucha tela por cortar en este escándalo. Sin embargo, de lo que se conoce, es claro que estamos ante uno de los peores hechos de corrupción en lo corrido del siglo. Y, mientras se va develando todo el entramado criminal, el presidente de la República, que no pasa una hora sin lanzar un trino sobre los más diversos temas, guarda un preocupante silencio sin el menor asomo de autocrítica o arrepentimiento por la “empresa criminal” que se gestó en la propia Casa de Nariño.