No existe detrimento patrimonial en compra de ‘La Grosería’
Tras la información divulgada por la Contraloría General de la República sobre presuntas irregularidades en la adquisición del predio “La Grosería”, ubicado en Chimichagua, Cesar, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) emitió un comunicado en el que defiende la legalidad de la operación.
Según la entidad, la compra del predio se realizó en el marco de un acuerdo interinstitucional destinado a resolver un conflicto social que llevaba varios años y a evitar un desalojo masivo de familias campesinas asentadas en la zona. En dicho acuerdo participaron la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior y la Unidad de Restitución de Tierras, entre otras instituciones. Las decisiones y compromisos quedaron consignados en un acta citada incluso por la propia Contraloría.
La ANT aseguró que los beneficiarios del predio cumplen los requisitos establecidos por la Ley 160 de 1994 y por la normatividad que regula el acceso progresivo a la tierra. Indicó que la Corporación Lucha y Siembra –Corposiembra y las familias integrantes están inscritas en el Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO) como aspirantes a acceso a tierras, lo que acredita su elegibilidad para recibir el predio.
Frente al señalamiento de la Contraloría sobre supuestos incumplimientos técnicos, la entidad respondió que existe un proceso completo de verificación, caracterización y evaluación debidamente documentado.
La ANT sostuvo que “La Grosería” es un predio apto para actividades agropecuarias, con suelos fértiles, relieves favorables y un 71 % de superficie calificada como adecuada para cultivos y manejo de pastos. Además, destacó que el terreno presenta potencial para ganadería, cultivos semestrales y proyectos forestales, y que las familias campesinas ya adelantan iniciativas productivas de maíz, yuca, plátano, coco y otros alimentos básicos.
La Agencia también negó que la compra haya generado detrimento patrimonial. Precisó que el proceso se adelantó mediante oferta voluntaria de los propietarios, con un avalúo técnico que fijó el valor comercial del terreno y bajo los lineamientos del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral.
La entidad enfatizó que la adquisición del predio respondió a la necesidad de evitar un conflicto mayor, proteger los derechos de la población campesina y avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz en el territorio.
Finalmente, la ANT reiteró que todas sus decisiones se tomaron conforme a la normatividad vigente y en coordinación con las demás instituciones involucradas.
