Compra del predio ‘La Grosería’ tiene en líos a la ANT con la Contraloría
La Contraloría General de la República detectó posibles irregularidades en la adquisición del predio “La Grosería”, ubicado en Chimichagua, Cesar, por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). El organismo de control estableció un hallazgo con incidencia disciplinaria y fiscal que asciende a $4.161 millones, tras evidenciar que la compra se realizó sin cumplir los requisitos técnicos y jurídicos exigidos para su incorporación al Fondo de Tierras.
Según el informe de la Contraloría, el predio estaba ocupado por familias en condición de invasión, con viviendas improvisadas dentro de los linderos. Aunque esta situación había sido reconocida de manera formal en un acta suscrita por varias entidades del orden nacional, entre ellas la Defensoría del Pueblo, la Unidad de Restitución de Tierras y el Ministerio del Interior, la ANT continuó con el proceso de compra.
Dicho documento dejaba constancia de la presencia de asentamientos campesinos y anunciaba la creación de una mesa de diálogo para atender las problemáticas de tierra en la zona. Pese a ello, la entidad adquirió el predio sin validar la disponibilidad material, requisito indispensable para su ingreso al Fondo de Tierras.
El organismo de control también concluyó que la ANT no verificó previamente el estado real de ocupación ni la situación jurídica del inmueble. Además, la caracterización de los ocupantes se inició sin la revisión técnica correspondiente, vulnerando los procedimientos previstos en la Ley 160 de 1994 y el Decreto 1071 de 2015.
El análisis técnico arrojó que la mayor parte del predio está conformado por suelos de clases agrológicas VII y VIII, catalogados por el IGAC como improductivos y no aptos para actividades agrícolas, pecuarias o forestales. En consecuencia, la compra no cumplió con los criterios de vocación y aptitud productiva exigidos para predios destinados a programas de acceso a tierras.
Para la Contraloría, la ANT destinó recursos públicos a un inmueble que no puede ser utilizado para proyectos productivos de la Reforma Rural Integral, incumpliendo lineamientos agrarios y disposiciones del Acuerdo Final de Paz. La adquisición del predio, concluye el informe, representó un uso ineficiente de los recursos del Fondo de Tierras.
