Revocan tutela que buscaba detener la Avenida del Río
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Conocimiento dejó sin efectos el fallo que, en primera instancia, había frenado temporalmente el proyecto vial Avenida del Río, también conocido como Vía Paisajística Parque Guatapurí, y declaró improcedente la acción de tutela presentada por siete ciudadanos contra la Gobernación del Cesar.
La nueva sentencia resuelve la impugnación presentada por Alfredo Quintero García y otros habitantes que aseguraban que la ejecución de la obra vulneraba sus derechos fundamentales al ambiente sano, al espacio público y al debido proceso, debido a la ubicación del trazado en un sector de especial protección ambiental cercano al río Guatapurí.
El juez de segunda instancia determinó que la tutela no es la vía judicial pertinente para detener un proyecto de infraestructura asociado a intereses colectivos. Según la decisión, las controversias ambientales y urbanísticas de este tipo deben tramitarse mediante acciones populares, instrumentos diseñados para proteger derechos como el patrimonio ecológico, la calidad ambiental, el espacio público y el equilibrio natural.
Al revocar la sentencia del Juzgado Décimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento, que había ordenado verificar la distancia entre la obra y la zona de inundación histórica del río, el despacho señaló que la tutela solo procede en situaciones excepcionales cuando un ciudadano demuestra una afectación directa, concreta e inminente de sus derechos fundamentales, requisitos que no se acreditaron en este caso.
Los ciudadanos habían solicitado la suspensión del proyecto, la declaración del río Guatapurí como sujeto de derechos, estudios técnicos adicionales y una audiencia pública ambiental. La primera instancia acogió parcialmente sus reclamaciones, pero ahora el fallo queda sin efectos.
Con esta decisión, la segunda instancia ratifica que las discusiones técnicas y ambientales relacionadas con la Avenida del Río deberán ser tramitadas a través de los mecanismos propios del derecho ambiental y de la participación ciudadana, mientras el proyecto continúa su curso administrativo.