Familias de víctimas de falsos positivos reciben acto de perdón en el Cesar
En un acto histórico de reconocimiento y responsabilidad, el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional pidieron perdón público a las familias de 23 víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2004 y 2006 en el Cesar.
La ceremonia, realizada en el auditorio de la Universidad Popular del Cesar, sede Sabanas, contó con el acompañamiento del Gobierno departamental, a través de la Oficina Asesora de Paz.
El evento se convirtió en un espacio de memoria y dignificación para los familiares de las víctimas, entre las que se encontraban indígenas de los pueblos Wiwa, Kankuamo y Wayuu, así como menores de edad. Los casos fueron ejecutados por integrantes de los batallones de Artillería N.º 2 La Popa y el Grupo de Caballería Mecanizado N.º 2 Juan José Rondón, quienes presentaron a las víctimas como supuestas bajas en combate.
UN ACTO PARA LA VERDAD Y LA NO REPETICIÓN
La jefe de la Oficina Asesora de Paz del Cesar, Juana Pacheco Soto, expresó la solidaridad del Gobierno departamental con las familias.
“Reconocemos que estos actos representan una de las violaciones más dolorosas y devastadoras que las instituciones del Estado hayan cometido contra su propia ciudadanía. Ofrecemos un abrazo institucional a cada familia que perdió a un ser querido injustamente”, afirmó.
Durante la ceremonia, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reconoció la responsabilidad del Estado y pidió perdón a las comunidades indígenas y a todas las familias afectadas.
“Estos hechos jamás debieron ocurrir y por ningún motivo podrán repetirse. Fueron acciones criminales y reprochables que ameritan rechazo institucional y sanción judicial”, declaró.
HISTORIAS TRUNCADAS
Las investigaciones judiciales demostraron que no hubo confrontación alguna y que las víctimas estaban desarmadas. Sus cuerpos fueron manipulados, uniformados y armados para simular resultados operacionales. En algunos casos, grupos de autodefensas entregaban los cuerpos a militares; en otros, las víctimas fueron engañadas con falsas ofertas laborales.
Entre las víctimas se encontraban la niña indígena wiwa Noemí Pacheco Zabata, de 13 años; Deivis de Jesús Pacheco Hernández, de 17; el wiwa Carlos Alberto Vega Camacho; los jóvenes wayuu Javier Pushaina Pushaina, Luis Ángel Fince Ipuana y Gasparito Cambar Ramírez, de 16 años; el indígena kankuamo Néstor Oñate Arias; y el líder comunal Víctor Hugo Maestre, entre otros.
Los familiares narraron ante el público la profundidad de sus heridas, aún abiertas después de décadas.
El hijo de Manuel Romero recordó que “fue muy duro para nosotros. Mi papá era el proveedor del hogar. Nosotros los perdonamos, porque no quiero vivir con el resentimiento de que al que mató a mi papá fue el Ejército”.
Alba Rosa Ropero, hermana de Alfredo Antonio Ropero, afirmó, “mi hermano era un ser noble, sincero, un soñador que creyó en la bondad de las personas. Partió por la maldad de quienes debían cuidarlo”.
La madre de Jaider del Carmen Valderrama relató que su hijo fue sacado de casa con engaños en marzo de 2003. “Jaider no era un delincuente. Era un joven trabajador. Al día siguiente lo reportaron como muerto en combate”.
Las sentencias emitidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) han calificado estos hechos como graves violaciones a los derechos humanos, homicidios en persona protegida y, en varios fallos, crímenes de lesa humanidad perpetrados de manera sistemática contra pueblos indígenas y jóvenes del Caribe.
El acto cerró con un mensaje de dignidad para las víctimas y un llamado a que la historia no vuelva a repetirse.