Será el presidente de la República, Iván Duque Márquez, quien dé el último paso a la normatividad que en adelante prohibirá el uso en el país del asbesto. En tal sentido, la plenaria del Senado aprobó la conciliación a ese proyecto de ley que ahora pasa a la sanción presidencial. La futura ley, que lleva por nombre Ana Cecilia Niño, como homenaje a esta mujer y cientos de víctimas que murieron por las secuelas que le dejó esta fibra, fija un periodo de transición para que el asbesto se deje de utilizar en el territorio nacional.
En otro tiempo el asbesto fue material importante en procesos productivos. Pero las investigaciones y desarrollos científicos determinaron, paulatinamente, que es un agente peligroso para la salud humana. Insistir en su uso es ir en contravía de las múltiples evidencias de afectación a individuos y comunidades.
Explotado desde el siglo XIX, el asbesto, una fibra compuesta por seis minerales microparticulados, pronto se convirtió en un recurso natural importante para muchos países. En el siglo XX entra a hacer parte de la fabricación de miles de productos: aislantes de edificios, vestidos, pinturas, navíos y automóviles. El producto se valora en especial por sus propiedades de aislamiento, resistencia al fuego, liviandad y estabilidad.
A pesar de su popularidad, existen hoy en día estudios científicos que demuestran una relación entre la exposición al asbesto (o amianto), en todas sus seis variedades, y enfermedades como el mesotelioma, el cáncer de pulmón, laringe y ovario. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que el asbesto produjo la muerte de unas cien mil personas por año en el mundo, y es la causa de cerca de la mitad de las muertes por cáncer habitacional, al tiempo que hay unos 125 millones de personas expuestas a él en sus lugares de trabajo o residencias.
El movimiento en contra del asbesto comienza en los setenta cuando se reconocen los primeros testimonios acerca del daño que puede causar el mineral a quienes tienen contacto con él y es en 1978 que la OMS lo clasifica dentro del grupo de agentes cancerígenos. Islandia fue el primer país en prohibir la producción de la fibra en 1983 y muchos lo siguieron en los años noventa, como Francia (1997) e Inglaterra (1999). La Unión Europea hizo lo propio en 2005. Hoy cerca de 70 países prohíben su producción y en otros, como Estados Unidos, aunque no lo hacen, ya no se utiliza más.
En muchos países, como en Canadá, la legislación buscó proteger a las personas restringiendo la utilización de asbesto. Poco a poco los ministerios prohibieron su uso en las construcciones públicas y comenzaron a proteger a los obreros que trabajaban directamente con él. Al final Canadá, como muchos otros países, optó por legislar y promover la salud pública prohibiendo la producción del material, ante la imposibilidad de determinar un umbral máximo para su utilización.
Colombia, es el sexto productor de asbesto en el mundo y comercializa muchos productos que lo contienen. Además, se estima que en el último quinquenio han muerto más de 1.700 colombianos por cáncer de pulmón y mesotelioma, atribuibles a la exposición al mineral.
La Ley plantea un proceso ordenado de marchitamiento de esa producción y es definitivo contar con esa norma que posibilita que los colombianos puedan contar con materiales de construcción en su trabajo y habitación que no pongan en riesgo su salud.