“Deberían poner la lupa a quienes impiden creación de la UPC en La Jagua”

La sesión del Consejo Superior Universitario en la que se definiría la creación jurídica de la sede de la Universidad Popular del Cesar en el municipio de La Jagua de Ibirico, fue interrumpida por una serie de factores que, en conjunto, paralizaron el proceso decisorio. Entre ellos, se destaca la recusación masiva presentada por Eduardo García Contreras, quien recusó a siete de los nueve miembros del Consejo, impidiendo alcanzar el quórum necesario para deliberar.

El Presidente del Consejo Superior Universitario Xavier Estrada, delegado del Ministerio de Educación Nacional, manifestó preocupación profunda ante lo que podría ser “una serie de artimañas jurídicas promovidas por personas con intereses mezquinos y politiqueros” que impidieron la realización del consejo superior en el que se tomaría una decisión “trascendental para el futuro educativo del departamento del Cesar”.

Estrada hizo referencia a la recusación masiva contra siete de nueve consejeros por parte de García Contreras, “lo que no permitió la sesión”.  A esto se le suma que, la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan, quien no estaba recusada, no asistió.

Los miembros presentes fueron: Guillermo Echavarría, Armando Cotes, Juliana Guerrero, Rober Romero, y Estrada. Este último lamentó la ausencia de la Gobernación del Cesar: “A pesar de haber participado ese mismo día en un acto educativo en San Diego, donde reconoció que solo el 49% de los bachilleres acceden a la universidad.  Su presencia era esperada y necesaria”.

El representante del ministro, calificó el documento de recusación de “temerario”, y aseguró no conocer a García Contreras, “Me informaron que fue docente en la UPC, y al parecer, tiene intenciones de aspirar a la rectoría”. Lo que generaría serias dudas sobre la objetividad y los verdaderos intereses detrás de su acción. Para Estrada de ser así, no se trataría de un acto espontáneo, sino de una jugada calculada que afecta directamente a los jóvenes del Cesar.

Explicó que, por procedimiento, este documento debe ser remitido al Procurador General de la Nación, único competente para resolverlo, y esto implica una demora considerable, justo cuando se está a punto de entrar en ley de garantías, poniendo en riesgo la concreción de la nueva sede de la Universidad Popular del Cesar en La Jagua de Ibirico.

Reveló además que, con esta acción se pone en riesgo la inversión nacional, $14 mil millones de pesos en un primer núcleo básico de funcionamiento y el anuncio del ministro de Educación, José Daniel Rojas, de comprometer en vigencias futuras $40 mil millones para la segunda o la fase sobreviniente de lo que sería o de lo que será, la sede de La Jagua de Ibirico. Los recursos del proyecto asignados por el Gobierno Nacional, depositados en la Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco, entidad encargada de contratar y ejecutar la obra. “Si no se aprueba antes del 8 de noviembre, fecha en que inician las inscripciones de campaña y entra en vigor la ley de garantías, corremos el riesgo de perder esta inversión”.

COMUNIDAD PROTESTÓ

Para demostrar su descontento ante la negativa de algunos sectores en permitir el avance para la construcción de la nueva sede de la UPC en La Jagua de Ibirico, ayer en horas de la mañana un grupo de jóvenes y habitantes del municipio levantaron su voz de protesta y bloquearon la vía principal en busca de respuesta por parte de las autoridades involucradas.

Los manifestantes bloquearon en el sector del SENA, en la vía que comunica hacia el casco urbano, y en la salida hacia Valledupar, específicamente en el sector de la subestación.

La suspensión de la sesión del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, en la que se tenía previsto aprobar jurídicamente la creación de la nueva sede, ha generado malestar entre los habitantes, quienes consideran que la apertura de esta sede universitaria es una necesidad urgente para garantizar el acceso a la educación superior de cientos de jóvenes de estratos 1 y 2 que no cuentan con los recursos para desplazarse a otros municipios.