Comprando tiempo
Colombia atraviesa una coyuntura fiscal sin precedentes. La brecha entre ingresos y gastos, el aumento de los pagos de intereses y la rigidez del Presupuesto configuran un panorama desafiante para las autoridades económicas. El Ministerio de Hacienda proyecta que en 2025 los ingresos totales alcanzarán 17% del PIB, mientras que los gastos se elevarán a 24,2%. De esta última cifra, 4,7 puntos, equivalentes a $86 billones, se destinarán al pago de intereses de la deuda. Bajo este escenario, el déficit fiscal superaría 7% del PIB y la deuda pública bordearía 60% del producto, un nivel que enciende las alarmas de analistas e inversionistas. Además, los depósitos del Gobierno Nacional en el Banco de la República (DTN) están en niveles históricamente bajos, reduciendo el margen de maniobra fiscal justo cuando el gasto público suele intensificarse hacia el cierre del año.
Ante este panorama, la Dirección de Crédito Público ha puesto en marcha una estrategia innovadora para aliviar las presiones fiscales, reducir los intereses a menos de 4% del PIB y contener la deuda por debajo de 60%. Es una hoja de ruta técnicamente sofisticada que busca optimizar el perfil de la deuda.
La estrategia tiene tres objetivos principales: i) aumentar la liquidez del Gobierno, ii) reducir el pago de intereses y iii) disminuir el saldo de la deuda pública. Para alcanzarlos se combinan varios instrumentos: canjes de deuda con altos descuentos, el uso de un Total Return Swap, TRS, en francos suizos para obtener liquidez a tasas bajas y emisiones de bonos en euros, con el fin de diversificar las fuentes de financiamiento y construir una nueva curva de deuda externa en esta moneda.
A primera vista, la estrategia ofrece beneficios concretos, amplía el acceso a fuentes internacionales y genera un alivio temporal en el servicio de la deuda. Sin embargo, también implica riesgos que deben evaluarse cuidadosamente. El primero es el riesgo cambiario, dado que una porción significativa de los recursos proviene de instrumentos en moneda extranjera, lo que expone al país a variaciones en el tipo de cambio y en las tasas internacionales. El segundo es el riesgo de desvalorización del colateral asociado al TRS, que podría materializarse si disminuye la demanda por los bonos que respaldan la operación. El tercero es el riesgo de refinanciación, ya que una parte importante del financiamiento se apoya en TES de corto plazo (TCO) que deberán renovarse o pagarse dentro de un año, por lo que será crucial mantener el apetito de los inversionistas. Además, parte del ahorro actual se compensará con mayores pagos de intereses en el futuro, pues los títulos canjeados ofrecían tasas más bajas que las nuevas emisiones.
Estas operaciones también pueden tener efectos colaterales en el mercado financiero. Un aumento en la colocación de TES de corto plazo podría desplazar parte de la demanda por instrumentos bancarios, generando un fenómeno de crowding-out que encarecería las tasas de captación y colocación en el sistema financiero. En otras palabras, el Tesoro podría terminar compitiendo con los bancos por los mismos recursos, tensionando la liquidez del mercado monetario.
La estrategia del Ministerio de Hacienda representa un giro técnico audaz frente al papel tradicional de Crédito Público y, en el corto plazo, puede aliviar la presión fiscal y la caja del Gobierno. No obstante, ese alivio tiene un costo potencial, y es que Colombia podría estar comprando tiempo a crédito. La sostenibilidad no se mide por la liquidez de hoy, sino por la confianza de mañana. Las decisiones que estabilizan el flujo de caja deben ser, sobre todo, las que fortalezcan la credibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica de largo plazo.
*Presidente de Asobancaria