Construcción: un sector estratégico que no despega
La construcción en Colombia, históricamente, ha sido uno de los motores más sólidos y transversales de la economía nacional. No hay sector productivo que irradie con tanta fuerza hacia tantos frentes del tejido social y económico. Su efecto multiplicador es difícil de igualar: genera empleo formal e informal, activa la demanda de insumos nacionales como el cemento, el acero, la madera, el vidrio, el transporte y los servicios profesionales; y contribuye, de manera decisiva, a la materialización de uno de los sueños más arraigados de la población: tener una vivienda digna. Por ello, cuando la construcción se detiene o camina a media marcha, el país entero lo resiente. Y eso, lamentablemente, es lo que está ocurriendo en la actualidad.
Durante los últimos años, el sector edificador ha venido mostrando una desaceleración preocupante. Las cifras oficiales y los reportes de los gremios así lo confirman. El número de licencias de construcción expedidas ha caído de manera sostenida, los proyectos se han postergado y la generación de empleo en el ramo se ha contraído. No se trata de una simple fluctuación del mercado, sino de una tendencia estructural que amenaza con prolongarse si no se corrige el rumbo de las políticas públicas. En pocas palabras, el ladrillo —ese termómetro silencioso del bienestar y del desarrollo— hoy está más frío que nunca.
La situación tiene causas múltiples, pero una de las más visibles ha sido la política errática del actual Gobierno hacia el sector. Las decisiones adoptadas por el Ministerio de Vivienda han generado un impacto particularmente lesivo en la base de la pirámide social. La reducción drástica de los subsidios del programa “Mi Casa Ya”, el congelamiento en la asignación de recursos y las restricciones impuestas al mecanismo de cobertura de tasas de interés han paralizado miles de proyectos de vivienda de interés social y prioritario en todo el país. Donde antes había barrios nacientes, cuadrillas de obreros y esperanzas familiares, hoy hay terrenos baldíos, obras detenidas y promesas incumplidas.
La justificación oficial ha sido la crisis fiscal. Sin embargo, el costo social de esta decisión está resultando demasiado alto. Decenas de miles de familias han visto truncado su sueño de tener casa propia; y para los constructores, especialmente los medianos y pequeños, el panorama se ha vuelto insostenible. Las obras inconclusas se multiplican, los bancos endurecen el crédito ante la incertidumbre del mercado, y los inversionistas pierden confianza. En un país donde el déficit habitacional aún ronda los 900.000 hogares, este retroceso no solo es lamentable: es un lujo que Colombia no puede darse.
En términos económicos, la parálisis del sector edificador es también una de las principales causas de la pérdida de ritmo general de la economía. Basta recordar que la construcción tiene un peso determinante en el PIB y en la generación de empleo. Cada vivienda edificada moviliza más de 30 subsectores industriales y comerciales: desde la producción de cemento y acero hasta la fabricación de muebles, pinturas, cables eléctricos y cerámicas. Cuando la construcción crece, lo hacen con ella decenas de actividades productivas; cuando se frena, el golpe se siente en toda la estructura económica. Esa es la verdadera magnitud del problema.
Los analistas advierten que si no se reactivan los incentivos a la vivienda y la inversión en infraestructura, el país enfrentará un escenario prolongado de estancamiento. La política monetaria restrictiva del Banco de la República, si bien ha contribuido a contener la inflación, ha encarecido los créditos hipotecarios y los préstamos empresariales. En conjunto, la falta de subsidios, el menor acceso al crédito y la desconfianza inversionista conforman una tormenta perfecta para un sector que, por su naturaleza, necesita estabilidad, confianza y horizonte de largo plazo.
No se trata de desconocer las dificultades fiscales del Estado ni de idealizar el subsidio como herramienta mágica. Lo que se requiere es una política de vivienda integral, sostenida y concertada, que combine eficiencia financiera con impacto social. El programa “Mi Casa Ya” demostró en años recientes que era posible impulsar el acceso a la vivienda formal sin desbordar las finanzas públicas, al tiempo que se promovía la inclusión y la generación de empleo. Su debilitamiento, más que un ajuste técnico, parece una renuncia a una de las políticas sociales más exitosas de las últimas décadas.
El país necesita un plan de reactivación edificadora que vaya más allá de los anuncios coyunturales. Requiere recuperar el papel estratégico de la construcción dentro del modelo económico, incentivar la inversión privada mediante reglas estables, promover alianzas público-privadas y diseñar nuevos instrumentos financieros que sustituyan la pérdida de dinamismo de los subsidios. No hay razón para resignarse a un sector a media marcha cuando este puede ser, nuevamente, el motor de la recuperación.
Más que cemento y ladrillos, la construcción representa confianza, empleo y progreso. Es el rostro visible del desarrollo en las ciudades y el refugio tangible de las aspiraciones familiares. Verla languidecer por decisiones erradas o por falta de visión estatal es, en el fondo, renunciar a una parte esencial del crecimiento nacional. Colombia no puede permitirse ese lujo. Es hora de que el Gobierno escuche al sector, rectifique el rumbo y entienda que cada obra reactivada es también una puerta abierta al bienestar y a la esperanza de millones de colombianos.