Hemos tomado la pausa necesaria para dejar sentada nuestra opinión frente a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de absolver al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de fraude procesal y soborno a testigos, por los que había sido condenado a doce años de prisión domiciliaria, por parte de una Juez que a no dudarle es una vergüenza para el sistema judicial colombiano.
Decantadas las reacciones de quienes duraron más de 20 años tratando de llevar a la cárcel a Uribe, y observando el manto del lloriqueo, de la rabia, de la frustración y la manera como destilan odio puro y son los primeros en pedir reconciliación, paz y reconversión, vamos dejar consignadas nuestras consideraciones.
Lo primero que debemos decir es que el fallo absolutorio en favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se ajusta en un todo a la inocencia que este siempre predicó a lo largo del proceso judicial.
En efecto, Uribe Vélez nunca dejó de proclamarse inocente en su carácter de ciudadano del común, tanto en su defensa material como ante la opinión pública nacional e internacional en general, incluso renunciando a la muy posible prescripción que estaba a punto de producirse por agotamiento de los términos. Y que lo eximia de cualquier responsabilidad por vía procedimental, aunque no de fondo y de modo sustantivo, que era su indeclinable pretensión.
Por eso, y es el primer aspecto para tener en cuenta, antes que rehuirla el exjefe del Estado invocó, todo el tiempo, la pronta y debida justicia como única trayectoria a seguir. Esto, aun en medio de escenarios tan adversos y evidentemente contrarios a derecho como las inferencias, sesgos y contradicciones de la juez penal de conocimiento 44 de la capital llamada Sandra Heredia cuyo desempeño terminó siendo una afrenta para la justicia. Tamaña incompetencia, desconocimiento del derecho y lo que es peor aún, su sesgada parcialidad, burla y tramoya contra el procesado, no debe pasar impune. Nos gustaría ver el proceder de la Comisión Disciplinaria Judicial frente a esta abyecta funcionaria que pisoteo los pilares de la correcta administración de justicia.
El ejemplo de Uribe Vélez no es, pues, un tema menor, cuando en América Latina se multiplican las evasiones de exmandatarios, acuden a tecnicismos sacados de la manga una vez declarados culpables y se victimizan de perseguidos políticos sin ningún soporte cierto, con miras a fugarse, a salvar las apariencias y mantenerse en la impunidad. De hecho, basta también observar lo que ocurre con algunos altos funcionarios del Gobierno colombiano actual a los cuales, pese a los gigantescos escándalos de corrupción, se les ha puesto en bandeja de plata la evasión o el asilo. Y la justicia a ciegas. Mal le queda a este gobierno hablar de impunidad cuando mira la paja en el ojo ajeno, y no se mira la tremenda tranca que tiene en el suyo.
La decisión del Tribunal Superior es toda una pieza jurídica bien fundamentada, sólida, que restituye los derechos fundamentales y el debido proceso, el mismo que la sesgada juez violó de forma flagrante al ciudadano Uribe.
Porque, por supuesto, existe la doctrina probatoria del “hallazgo imprevisto”, en las denominadas interceptaciones ilegales, pero no cuando estas devienen de supuesto error en una conducta persistente por parte del operador y, por tanto, se convierten en una permanente violación del derecho fundamental a la privacidad, base de la democracia en cualquier país que se predique de tal. Y menos cuando se infieren las características de agente determinador de los delitos por fuera de contexto, es decir, dejando de lado las ya señaladas circunstancias de tiempo, modo y lugar, y menos si están basadas en eso que el mismo Tribunal catalogó, no de interceptaciones, sino de “chuzadas”. Por eso resulta risible la posición de quien hoy ostenta la primera magistratura del Estado, cuando no contento con el fallo arremete contra los magistrados y el tribunal como ya es costumbre en su anormal comportamiento
No olvidemos que efectivamente, el propio Tribunal derrumbó las ficciones de los supuestos “testigos estrellas” en prisión, desnudó sus intereses anómalos, puso de presente la carencia de sindéresis y presupuestos fácticos de la sentencia de primera instancia y develó las estrepitosas mentiras de algunos que ordenó investigar. “Testigos”, por lo demás, que, si en esto no obtuvieron credibilidad ninguna, tampoco en los otros procesos de que ha conocido la justicia.
Prevaleció, pues, la verdad. Tanto la llamada verdad material como la verdad procesal, así los derrotados busquen una incierta casación. Así lloren porque ya no tendrán lomo sobre el cual cabalgar. Con la absolución lo que hoy vale decir es que ganaron la democracia y el Estado de Derecho. Y los acusadores, les llegará su momento. A la justicia no se le instrumentaliza, ni deben burlarse de ella.
Colombia debe asumir con respeto absoluto la majestuosidad de la justicia y de sus fallos.! Se acatan y respetan!