Los llamados de la Defensora, sin respuestas
Siete campanazos ha dado la defensora del Pueblo, Iris Marín, al Gobierno en los últimos dos meses, ya sea por el sistema de alertas tempranas o por pronunciamientos en materia de salud, seguridad, elecciones y justicia, entre otros. Pero la respuesta ha sido un silencio ´ensombrecedor´. Pareciera que la Defensora de los Derechos Humanos de los colombianos le estuviera hablando a un pared. Tantos llamados en tan corto tiempo, no solo mostraría un organismo que busca ser diligente en su función de proteger los derechos humanos, las garantías y libertades, sino que hay situaciones complejas que la administración Petro no ha logrado resolver, por encontrarse enarbolando banderas distintas a los del pueblo colombiano, tan agobiado y necesitado como nunca antes.
Los principales llamados que ha hecho la Defensoría del Pueblo al Gobierno nacional en las últimas semanas han sido: Emergencia carcelaria, la defensora Marín planteó al Gobierno la necesidad de decretar una emergencia carcelaria en todo el país, debido a la oleada de violencia contra los guardianes del Inpec, que en los últimos días ha dejado cinco víctimas en Bogotá, Armenia, Cali y Palmira. También un servidor público fue herido en un atentado en Cartagena. La defensora puso de relieve que también persisten problemas estructurales en el sistema carcelario como hacinamiento y la falta procesos de resocialización sólidos. Agregó que “le hemos pedido al Gobierno que considere decretar el estado de emergencia carcelaria para atender esta situación”.
La alerta electoral: Un preocupante balance sobre riesgo electoral en la antesala de las parlamentarias y presidenciales del 2026 dio a conocer esta semana la defensora del Pueblo, Iris Marín, pues 649 municipios de los 1.104 con que cuenta Colombia presentan riesgo electoral. El organismo indica en alerta temprana que 162 municipios requieren acción urgente, 425 prioritaria y 62 inmediata. Las cifras distan de las que maneja el Gobierno, pues el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que son 104 localidades las que tienen riesgo electoral. Designación de gestores de paz. El Gobierno expidió el pasado 21 de septiembre la resolución número 327 de 2025, por la cual se designan gestores de paz a 16 excabecillas de las autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia. Sin embargo, la defensora dijo que esta medida en la antesala de las elecciones podría ser inconveniente, pues los testimonios de verdad de estas personas tendrían efectos políticos. Esa relación instrumental entre la justicia transicional y la campaña política genera un riesgo gravísimo: el de utilizar la memoria, el dolor de las víctimas y la verdad con fines distintos a la reparación, la justicia y la paz”.
Ley de sometimiento: La defensora Marín hizo reparos al proyecto de ley de sometimiento de las bandas criminales a la justicia, que radicó el ministro Eduardo Montealegre. La iniciativa es clave para la política de paz, ya que ha impulsado al Gobierno a abrir conversaciones con la mayoría de grupos armados ilegales, hasta ahora con pocos resultados.
Crece desplazamiento: Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2025, la violencia obligó a 87.898 personas a abandonar sus hogares en desplazamientos masivos, mientras que otras 71.219 quedaron atrapadas en sus territorios por cuenta del confinamiento impuesto por grupos armados ilegales, manifestó la defensora del Pueblo.
Acceso a medicamentos :En el marco de las alertas de la Defensoría del Pueblo por la crisis de la salud, indicó a finales de agosto pasado que entre el 60 % y el 80 % de usuarios y pacientes no reciben sus medicamentos. Dijo que el 40 % de los pacientes que reportó la no entrega de medicamentos estaba afiliado a la Nueva EPS. Las siguientes tres EPS fueron Sanitas, con 15 %; Salud Total, con 10 %, y Cajacopi, con 5 %. Estas cuatro EPS acumulan el 70 % del total de pacientes y usuarios(as) encuestados.
Finalmente el tema de las víctimas. La defensora Marín hizo “un enérgico llamado al Gobierno, a las instituciones encargadas de la atención, asistencia y reparación a las víctimas, a la comunidad internacional y a la sociedad en su conjunto: no podemos permitir que el sufrimiento de las víctimas se quede en el olvido”. La defensora del Pueblo instó, también, a las instituciones competentes a implementar mecanismos que permitan asegurar los recursos necesarios para la ejecución de la Ley de Víctimas.