La procuraduría general de la nación llamó la atención del Gobierno para que pague las deudas existentes con el sector salud, ya que la actual situación ha conducido a que EPS e IPS vean deteriorados sus estados financieros y embargadas sus cuentas por parte de proveedores, generando barreras de acceso a los servicios de salud, interrupción de tratamientos y la negación de servicios. Hoy recae sobre el Gobierno la negligencia de no atender u honrar sus compromisos con la red pública de atención en salud.