Diario del Cesar
Defiende la región

Llamado que al Gobierno le ´resbala´

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En su más reciente informe sobre la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia del Acuerdo de Paz, correspondiente al periodo entre junio y septiembre de este año, el secretario General, António Guterres, destacó entre los hechos positivos las primeras condenas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por crímenes en el conflicto, así como algunos avances en la reforma rural. Sin embargo, mostró su preocupación por la violencia generada por los grupos armados. En el documento también conminó al Gobierno a garantizar la seguridad en las próximas elecciones.

“El período sobre el que se informa estuvo marcado por la trágica muerte del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, quien el 11 de agosto sucumbió a las graves heridas sufridas por los disparos recibidos durante un acto público celebrado en Bogotá en junio”, subrayó Guterres.

En carta blanca lo que ha pedido la ONU es que este gobierno debe garantizar la seguridad adecuada para el desarrollo seguro de las próximas elecciones en todo el país es fundamental para la democracia colombiana, en particular para consolidar los avances logrados en el marco del Acuerdo Final con el fin de ampliar la participación electoral en las zonas históricamente afectadas por el conflicto y reforzar las garantías jurídicas para la oposición política.

Por ello reitera el llamado al Gobierno y a las instituciones del Estado a adoptar todas las medidas necesarias a este respecto, en consulta con los partidos y los candidatos.

El secretario de ONU lamentó la violencia que sigue socavando los esfuerzos por construir una paz duradera. En particular, instó a los actores armados ilegales a que demuestren de manera inequívoca, mediante acciones concretas, su respeto por la vida y la dignidad de la población civil. Demostrar la voluntad de avanzar hacia la paz exige romper claramente con la intimidación, las amenazas y los daños.

Para la ONU es necesario ampliar y reforzar la presencia del Estado, especialmente en las zonas afectadas por el conflicto, donde las comunidades locales están expuestas a las acciones de grupos armados ilegales y organizaciones criminales. Y es claro que ellos siguen prosperando gracias a las economías ilegales.

El secretario Guterres alentó a la administración Petro a “tomar medidas decisivas para la plena implementación del Acuerdo Final en lo que resta de su mandato, priorizando las medidas con mayor impacto y mejorando la coordinación”.  Explicó que se debe prestar especial atención a las disposiciones sobre garantías de seguridad, como la política pública para el desmantelamiento de grupos armados ilegales y organizaciones criminales: “Es acelerar la implementación del capítulo sobre la reforma rural, que es fundamental para fomentar el desarrollo equitativo y la estabilización mediante una presencia fortalecida del Estado en zonas históricamente desatendidas, donde las comunidades sufren una violencia persistente”, es el mensaje que dirigió el Secretario General de la ONU al Gobierno Nacional.

Dijo también que las primeras sanciones propias por parte de la JEP por los delitos más graves cometidos durante décadas de conflicto “marcan un momento crucial en la implementación del Acuerdo Final. No obstante, puso de relieve que ahora es fundamental mantener el impulso y evitar retrasos indebidos al traducir las sanciones propias en acciones restaurativas en beneficio de las víctimas.

Como se puede analizar un informe tibio cuyos propósitos son loables, pero la ONU debe tener claro que sus opiniones y recomendaciones, al gobierno le ´resbala´.