Un país sitiado por la extorsión
La inseguridad ciudadana continúa siendo uno de los grandes flagelos en Colombia. Y en el marco de la misma, el delito de extorsión es uno de los de más alto impacto y victimización. Aunque las cifras del ministerio de Defensa señalan que, entre enero y agosto de este año, se denunciaron un poco más de ocho mil casos, y que, en todo el 2024 el acumulado llegó a 13.800, la cifra más alta de la última década, para nadie es un secreto que esta conducta penal es una de las que más altos niveles de subregistro presentan. Las propias autoridades admiten que muchas exigencias de dineros por parte de grupos armados ilegales o bandas de delincuencia común no se reportan, ya sea por el temor de las víctimas a ser blanco de represalias de los criminales o, simple y llanamente, porque los coaccionados prefieren pagar y tratar de seguir adelante en la medida de lo posible.
Precisamente por lo anterior, las redes de extorsión se han difuminado como una plaga por muchas ciudades capitales e intermedias, así como una gran cantidad de municipios, incluso muy pequeños.
También está visto que, el incremento de los homicidios bajo la modalidad de sicariato, secuestros y atentados a negocios, así como de ataques a vehículos de transporte de carga, bicitaxistas, e incluso de amenazas a vendedores ambulantes, cadenas de almacenes, distribuidores de víveres al detal y hasta humildes trabajadores, tienen una relación directa con este universo delictivo.
Las investigaciones de los Gaula de la Policía y el Ejército, así como los acervos probatorios de la Fiscalía, evidencian que las estructuras criminales dedicadas a la extorsión tienen unas características cada vez más marcadas. Por ejemplo, han mutado de pequeñas bandas aisladas a redes más grandes y con distintos eslabones, que van desde aquellos delincuentes con la misión de detectar a las posibles víctimas y rastrear sus ingresos y capitales, hasta los encargados de hacer los contactos, generalmente con panfletos intimidatorios, mensajes vía redes sociales e incluso visitas amenazantes a los negocios. También tienen nexos con las llamadas ‘oficinas de cobro’ o sicariato, contratadas para presionar violentamente a los coaccionados. Todo ese modus operandi está rodeado de anillos de seguridad, con personal armado para proteger a los cabecillas y repeler a sangre y fuego las facciones rivales que quieran entrar a disputar las ‘plazas’.
Esta complejidad de la red criminal es más visible en zonas urbanas, sobre todo por cuenta de bandas delincuenciales de alto espectro, como el ‘Cartel del Golfo’ o el ‘Tren de Aragua’, cuyo rango de operación es más nacional. Hay otras redes con presencia regional, e incluso local, que actúan algunas veces como una especie de ‘franquicia’ de las primeras.
En las zonas rurales lo que se evidencia es un marcado accionar de los grupos residuales de las FARC, el ELN y otras bandas criminales, dejando poco espacio a facciones de delincuencia común para operar en esas zonas.
Precisamente, ayer la Fundación Ideas para la Paz dio a conocer un estudio sobre la evolución de los fenómenos delincuenciales en nuestro país en las últimas décadas, señalando cómo se ha mutado de las organizaciones tipo ‘carteles’ del narcotráfico a modelos criminales basados en redes de distinto alcance y universo delictual, incluyendo la extorsión como una de las principales economías ilícitas, al lado de las drogas o la minería ilegal.
Es innegable que las autoridades han aumentado su operatividad contra las redes de extorsión. El fortalecimiento de los Gaula, mejoras en el control de algunos centros carcelarios e incluso una mayor eficiencia en la inteligencia para detectar a los distintos eslabones de las estructuras han contribuido a combatir este delito, incrementando capturas y condenas.
Sin embargo, aún falta mucho camino por recorrer. Decenas de miles de personas hoy son víctimas de extorsión y, en no pocas ciudades y municipios, se están generando, por esta causa, fenómenos de desplazamiento intraurbano y un incremento en el cierre de negocios. Hay una economía ilegal emergente que se nutre de cifras millonarias que se ‘recaudan’ a diario y son motivo de cruentas peleas en no pocos municipios por adueñarse o consolidarse en este negocio ilícito.
Urge, entonces, un plan de choque al respecto. En plena campaña presidencial sería bueno escuchar de los aspirantes qué proponen al respecto. La opinión pública, desesperada por el asedio criminal, espera sus planteamientos frente a este flagelo imparable.