Deterioro en seguridad: números tozudos
¿Qué es la democracia? La vida ciudadana transcurriendo con tranquilidad. Vida, porque es el primer valor que debe defender el estado. Ciudadana, porque se refiere a los derechos y obligaciones que benefician y recaen sobre los ciudadanos, sus familias y sus comunidades físicas y virtuales, con una justicia que defiende los
primeros y enfuerza las segundas. Tranquilidad, porque se ejerce sin amenazas, sobresaltos o sorpresas extralegales derivadas del gobierno o de la inseguridad.
Donde no se cumplen esas características, la democracia está amenazada. Si no se cumple ninguna, está destruida. Es conveniente mirar con recurrencia los datos oficiales de seguridad y ponerlos en perspectiva, para evaluar el funcionamiento de nuestra democracia.
Pregunta previa: ¿Si es cierto que el Clan del Golfo y las Disidencias, quienes hasta hace dos semanas estaban erradamente sentados a la mesa de la Paz Total de Petro, ahora sí son terroristas, por qué el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua no lo son?
La enfermiza obsesión ideológica de Petro lleva esa incoherencia, generadora de grave inestabilidad nacional y riesgos internacionales. Los últimos datos en materia de seguridad, a Julio pasado, muestran que el camino
del deterioro permanece. Agosto, con los terribles hechos de Cali, Amalfi, Putumayo y Cauca, Guaviare y demás, solo confirmará esta perturbadora tendencia.
El homicidio crece 4%, con casi ochomil muertes violentas, lejos del mínimo de siete mil cien en 2018, descontado el 2020 de la pandemia que todo lo alteró. No baja de casi 26 la tasa de muertes por cien mil habitantes, congelada allí desde 2019. La más baja del siglo XXI fue en 2016, año de los Acuerdos de Paz, con 25 por cien mil.
Tenemos 48 casos de masacres de tres personas o más, con 156 víctimas, cifra parecida a la aterradora del 24.
Los casos de secuestro aumentaron un 9%, con 143 eventos. Los secuestrados, un 56% con 249 víctimas, tres más por semana que en igual período de 2024. El secuestro extorsivo se dobló y volvió el masivo y diario el de militares.
Disminuyeron los operativos de rescate exitosos, La extorsión, con más de 13.800 casos el año pasado, volverá en 2025 a esos inaceptables niveles. El terrorismo tuvo hasta el mes pasado 12% más eventos que en 2024; los atentados contra los oleoductos, subieron 600%. Este agosto negro, aumentará la gravedad del daño.
La erradicación manual de coca, después de alcanzar una cifra récord de 365.000 hectáreas destruidas entre 2016 y 2020, se vuelve otra vez ridícula, como en 2014. Al final de este primer semestre se habían erradicado míseras 3.000 hectáreas. La cantidad de cocaína incautada va muy bien, porque la producción va aún mejor. Los
aviones incautados al narco alcanzaron la astronómica cifra de 311 el año pasado completo; a junio llevamos más de 100. Los barcos y sumergibles del narco incapacitados van en 144. Volvieron los vuelos y barcos con droga, a todo vapor.
Mientras el año pasado llevábamos a julio casi 50 miembros de la fuerza pública asesinados, este año van casi 100. No son muertes derivadas del combate, sino mayormente de la emboscada y el terror, del asesinato cobarde. Los heridos son 400, más del doble de 2024 a julio.
La narrativa cierta es que fracasó la Paz Total, desapareció el liderazgo sobre las Fuerzas Militares y la Policía y cesó el control civil de las FFAA. El comandante en jefe perdió los papeles y con ellos a la Fuerza Pública de manera deliberada. Al menos eso parece.
Lo que queda de las Fuerzas, que no es poco, no se puede acabar con la irresponsabilidad de proteger a Maduro operando combinadamente en la frontera. Cuando la vida ciudadana no transcurre tranquilamente, cuando en vez de más paz hay menos, la democracia está en riesgo. Tranquilidad se requiere ya para las campañas y las votaciones, en lo doméstico. El frente externo tampoco está tranquilo. En ambos se necesita una Fuerza Pública que sea garante y no testigo.
*Exministro de Estado