¿Quién lo mandó a matar?
El magnicidio del senador y candidato presidencial de la oposición Miguel Uribe Turbay -un crimen con móviles políticos y, quizá, con raíces en rencillas históricas que se remontan al gobierno de su abuelo, Julio César Turbay Ayala- debe investigarse a fondo, sin concesiones ni atajos. No basta con esclarecer el cómo: es imperativo conocer el por qué y, sobre todo, quién lo mandó a matar.
Cuando ocurre un asesinato, la familia de la víctima no descansa hasta saber quién lo perpetró y por qué. Es una forma de mitigar el dolor y aliviar, aunque sea un poco, el alma herida.
En este caso, el círculo íntimo de Miguel no está solo: la nación entera exige la verdad. No fue únicamente un senador o un candidato opositor quien cayó; fue Colombia, y su democracia, las que recibieron un disparo al corazón. La tragedia familiar, ya de por sí devastadora, se agrava con un hecho irrefutable: la polarización política se ha convertido en un monstruo letal.
Si bien las autoridades reportan avances -con cinco detenidos-, estos son apenas los autores materiales. Sobre los intelectuales o determinadores abundan hipótesis, ninguna descartable, pero ninguna probada. Por la trascendencia del caso, y para garantizar transparencia, urge acudir a instancias internacionales. No solo para blindar el proceso de injerencias políticas que puedan contaminar las pruebas, sino para asegurar que se llegue al verdadero origen del crimen.
En ese contexto, resulta desconcertante que Gustavo Petro haya difundido, sin sustento conocido o válido, la tesis de que el asesinato fue obra de una “junta del narcotráfico con asiento en el exterior”. Lo mismo aplica a las versiones de otros altos funcionarios suyos. Inmiscuirse así en un caso judicial tan sensible, en vez de aportar serenidad, despierta legítimas suspicacias.
Es falso que la indignación colectiva se deba únicamente a que Miguel Uribe Turbay era “nieto de”. Lo que conmociona es que, en medio de una crisis política y social azuzada desde la cúspide del poder, fue silenciado un líder clave de la oposición. No es un crimen político más ni un riesgo banal, como el que tiene “quien conduce una bicicleta”, según la infame tesis de un funcionario de la Casa de Nariño. No es así de folclórico. Ni Miguel, ni el representante a la Cámara Julio César Triana del Huila, andaban montando bicicleta: se trata de atentados contra sus vidas. Y, ojo, están amenazados, entre otros, los alcaldes Galán de Bogotá y Fico Gutiérrez de Medellín.
Toda convocatoria a desarmar los espíritus y superar páginas dolorosas merece acogerse. Nos sumamos. Pero ese camino solo será posible si se conoce toda la verdad. Pretender seguir adelante como si nada hubiera pasado equivaldría a abrir la puerta a nuevos derramamientos de sangre. Identificar a los autores intelectuales del asesinato de Miguel Uribe debe ser un propósito común de la nación y de la comunidad internacional.
Que busquemos la unidad, sí; y que luchemos por la paz, y que nos reencontremos en el amor entre compatriotas. Pero antes, debemos apartar la enorme piedra que mentes criminales han colocado en ese camino. Si no lo hacemos, retrocederemos más de tres décadas, a los años aciagos del terror y la muerte. Estamos volviendo allá. Que este crimen sea, al menos, el punto de quiebre para poner fin al discurso del odio y a la confrontación política absurda que corroe a Colombia.
*Expresidente del Congreso