El desborde de la violencia territorial
Colombia se encuentra hoy con una grave situación de inseguridad, crimen y terrorismo. Las treguas parciales se rompieron, los actores armados se multiplicaron y las disputas por rentas ilícitas reconfiguraron el control de amplias franjas del país. La violencia política volvió a tocar el centro del poder y la crisis humanitaria se expandió en el campo y en ciudades intermedias. Aun así, es posible una corrección de rumbo si el Estado ancla su acción en el territorio, ajusta su estrategia y protege a la población.
Colombia llegó a agosto de 2025 con una sensación incómoda de déjà vu. Tras un 2016 que prometía el fin de la guerra, el tablero actual exhibe una pluralidad de violencias: disidencias de las FARC con mandos fragmentados; un ELN que alterna gestos de negociación con ataques de alto impacto; estructuras del narcotráfico que mutan como franquicias; y una constelación de bandas locales que, con poder de fuego creciente, colonizan barrios, carreteras y riberas. Los indicadores humanitarios y las masacres vuelven a delinear una geografía de emergencia. Más grave aún: la violencia ha repolitizado su mensaje, asaltando liderazgos y procesos cívicos, y perforando la confianza en las instituciones.
La evidencia territorial es contundente. Del Pacífico nariñense al sur del Chocó; de Arauca al Catatumbo; del Bajo Cauca y el sur de Córdoba al Magdalena Medio; del Putumayo y el corredor Caquetá-Guaviare al norte del Cauca y el sur del Valle; pasando por corredores estratégicos en la Sierra Nevada de Santa Marta y la Troncal del Caribe, los grupos armados disputan nodos logísticos, pasos fronterizos y enclaves de minería, coca y contrabando. La guerra ya no es un frente homogéneo: es un archipiélago de conflictos superpuestos, con altísima rotación de alianzas y mandos.
Ahora bien, el asesinato selectivo de líderes sociales, autoridades étnicas, periodistas y dirigentes políticos confirma que la violencia no es solo “mercenaria”. Tiene contenido político: busca regular la participación, silenciar el control social y condicionar la competencia electoral. 2025 elevó las alarmas al tocar a figuras de proyección nacional, reabriendo heridas históricas de los años noventa. El mensaje es inequívoco: si el Estado no garantiza el ejercicio de la política en todo el territorio, la democracia se vuelve un ritual formal sin ciudadanía efectiva.
Detrás de cada indicador hay poblaciones afrodescendientes, indígenas y campesinas obligadas a desplazarse, confinarse o a sobrevivir bajo toques de queda de facto. Comunidades educativas paralizadas, corredores fluviales bajo amenaza, mujeres y niñas sometidas a violencia sexual y reclutamiento forzado. Allí donde el Estado llega tarde, las “normas” de facto de los grupos armados sustituyen al Derecho. Las masacres y el homicidio múltiple exhiben la pulsión de control: castigos ejemplarizantes, retaliaciones y disciplinamiento social.
En el plano urbano, las ciudades intermedias se convierten en plazas de reabastecimiento de las economías ilegales: bodegas, lavado, testaferros, y un aparato extorsivo que corroe la vida cotidiana. La extorsión —desde el mercado central hasta el repartidor de barrio— vuelve omnipresente.
Donde se alinean alcaldías y gobernaciones con fuerzas militares, policía, Fiscalía y autoridades étnicas, la violencia cede. Tres elementos marcan la diferencia: Gobernanza de corredor: Intervenciones sostenidas en ríos, vías y pasos fronterizos (no solo puntos fijos). Inteligencia económica: Asfixia de las rentas (insumos químicos, maquinaria, oro ilegal, lavado) y trazabilidad financiera real. Círculos de protección social: Educación abierta, salud móvil, conectividad y empleo de emergencia que compiten con la renta criminal.
En paralelo, la articulación con cooperación internacional aporta músculo para respuestas humanitarias y proyectos productivos de choque, siempre que se diseñen con organizaciones locales y con enfoque étnico y de género.
Colombia conoce la salida: no es la guerra sin fin ni la negociación sin brújula. Es la combinación exigente de presencia estatal efectiva, justicia oportuna, asfixia de rentas criminales y acuerdos verificables. Se trata de volver razonable lo que hoy luce excepcional.