Gobierno se sienta a negociar con el Clan del Golfo en Catar
El Gobierno confirmó el reinicio de reuniones exploratorias con el Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) en Catar, con la facilitación de este país de Oriente Medio, después de que el grupo armado manifestara en febrero de 2025 la falta de confianza para continuar los acercamientos en suelo colombiano.
Un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) analiza el contexto en el que se produce este nuevo acercamiento, el fortalecimiento de la estructura criminal y las bajas probabilidades de que se concrete un proceso de paz a menos de un año de que finalice el actual mandato presidencial.
El Clan del Golfo se consolida como el grupo armado más grande de Colombia, con una alta capacidad de expansión, gobernanza criminal en cerca de 300 municipios y un portafolio diverso de rentas ilegales. Combina una estructura de crimen organizado con una de ejército irregular, pues se estima que una tercera parte de sus integrantes está uniformada y armada.
Según cifras de la Fuerza Pública de julio de 2025, el Clan cuenta con más de 9.500 integrantes, organizados en un Estado Mayor Conjunto, seis bloques y 40 frentes. «El Clan llega a este nuevo acercamiento con una correlación de fuerzas a su favor. El grupo está muy fortalecido militarmente y en proceso de expansión. Entre el año 2018 y 2025 sus integrantes han aumentado en un 165%, es decir, ni el gobierno Duque ni el gobierno Petro han podido contener su expansión”, aseguró Gerson Arias, investigador de la FIP.
La FIP ya había alertado en 2017 sobre la expansión de esta estructura, que también sostuvo conversaciones secretas con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos entre 2015 y 2018.
Durante 2023 y la primera mitad de 2024, el Gobierno y el EGC desarrollaron acercamientos exploratorios. Se conformó una delegación oficial y se suspendieron órdenes de captura contra miembros del Estado Mayor Conjunto del grupo, entre ellos Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”.
Sin embargo, la confianza se fracturó. En diciembre de 2024, el Gobierno autorizó el primer bombardeo contra el Clan en Antioquia, al que le siguieron al menos tres operaciones similares en 2025. Ese mismo mes, se les retiró el estatus de representantes a “Chiquito Malo”, “Gonzalito” y “Chirimoya” por tener órdenes de extradición vigentes.
A pesar de una reunión a inicios de febrero de 2025, la situación se deterioró. El 22 de febrero fue abatido Oliverio Isaza Gómez, alias “Terror”, comandante de un bloque del Clan. El grupo denunció una operación policial contra “Chiquito Malo” tras dicho encuentro y afirmó que “no existe la menor confianza para seguir avanzando en reuniones en Colombia”, lo que congeló los diálogos.
La tensión escaló el 5 de abril con la muerte en un operativo de José Miguel Demoya, “Chirimoya”, miembro del Estado Mayor Conjunto. Como respuesta, a partir del 11 de abril, el Clan del Golfo lanzó una escalada ofensiva, incluido un «plan pistola» que le costó la vida a cerca de 30 integrantes de la Fuerza Pública. Este recrudecimiento del conflicto antecedió a los nuevos acercamientos para trasladar la fase de exploración a Catar.
Actualmente, el Clan del Golfo mantiene un rol determinante en el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el tráfico de migrantes en el Darién. Posee una alta capacidad de reclutamiento que incluye excombatientes de otros grupos y militares retirados.
Según la FIP, es poco convincente que un proceso con el EGC pueda avanzar a menos de un año del fin del Gobierno Petro. El informe señala que existe un alto riesgo de que las mesas de negociación se utilicen como un «instrumento electoral», elevando el costo político para la siguiente administración, en un escenario que podría pasar de la «Paz Total» a una «paz electoral».
Para el EGC, este anuncio se mantiene en la fase de conversaciones exploratorias para «construir confianza». Aún no hay una mesa de negociación formal y, de acuerdo con el análisis, el grupo es consciente de la falta de ambiente político para aprobar un marco jurídico de sometimiento.
«El Clan sabe bien que no hay un ambiente político favorable ni para hablar de este tipo de procesos ni para debatir marcos jurídicos que otorguen beneficios, pero va a utilizar el espacio. Siempre la regla básica de un grupo es: ‘Si me ofrecen una mesa, allí estaré’. En términos tácticos, le sirve para mostrarse como un actor del conflicto y no como un grupo de crimen organizado”, planteó el investigador Gerson Arias.
La FIP concluyó que, sin un conocimiento claro sobre los intereses del EGC, sin un rol definido para la Fiscalía General de la Nación y sin un marco jurídico, es poco probable avanzar hacia un proceso serio, especialmente con el tiempo en contra./Colprensa