La Fiscalía General de la Nación recibió una denuncia por parte de la congresista de Compromiso y Dignidad, Jennifer Pedraza basada en un audio en el que la joven Verónica Guerrero habría impartido órdenes administrativas.
La representante a la Cámara Jennifer Pedraza presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Verónica Guerrero, hermana de Juliana Guerrero, actual secretaria del ministro del Interior, Armando Bendetti. La acción judicial se basa en presuntos hechos de usurpación de funciones públicas, que habría ejercido autoridad dentro del Ministerio de la Igualdad sin tener ningún cargo oficial en esa entidad.
La denuncia se sustenta en un audio divulgado por la revista Cambio, en el que Verónica Guerrero, durante una reunión de empalme celebrada el 1 de agosto de 2025, da instrucciones precisas a funcionarios del Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial (Fonigualdad), una dependencia de la cartera de la Igualdad.
En el registro se le escucha afirmar: “Solicitar que ningún contrato laboral sale, ningún contrato, ninguna OPS (Orden de Prestación de Servicios), ni nada de contratación […] hay que dejar la salvedad que todo se para”, instrucción que, de acuerdo con la representante Pedraza, corresponde a funciones reservadas exclusivamente a los titulares o delegados legales de la entidad.
Además, en el mismo audio, una funcionaria del Ministerio de la Igualdad anuncia:“Quien va a empezar a articularnos el proceso de este empalme va a ser Verónica […] sí, ella, Verónica Guerrero”, lo que, según la congresista, demuestra que la joven de Valledupar no solo estuvo presente en calidad de observadora, sino que asumió un papel activo y de dirección dentro del organismo público.
Pedraza incluyó estos fragmentos de audio como prueba principal en su denuncia, con la solicitud que se realice una verificación técnica forense para confirmar la identidad de la voz que imparte las órdenes. La legisladora sostiene que tales actos configuran una clara infracción al orden jurídico colombiano, al representar una intervención indebida en asuntos reservados para autoridades investidas legalmente.
Las declaraciones mencionadas llevaron a la congresista Pedraza a considerar que Guerrero estaría ejerciendo funciones reservadas exclusivamente al ministro de la cartera o a su delegado legal. Según el Decreto 1075 de 2023, únicamente el titular del despacho o quien sea formalmente autorizado puede impartir órdenes administrativas, como la suspensión de procesos contractuales.
De esta manera, la congresista solicitó a la Fiscalía que verifique mediante una prueba técnica forense la autenticidad de la voz en el audio. El objetivo es confirmar si efectivamente corresponde a Verónica Guerrero, como parte del material probatorio que acompaña la denuncia.