El presupuesto: Un proyecto desfinanciado y gaseoso
Esta semana debe comenzar en firme el trámite legislativo del proyecto de Presupuesto General de la Nación para el próximo año. La iniciativa, radicada la semana pasada por un monto de 557 billones de pesos, aterrizó con fuertes críticas. De un lado, porque, al igual que la presentada el año pasado, está drásticamente desfinanciada y no ataca la aguda crisis fiscal del gobierno nacional central. Y, de otro, porque viene atada a una propuesta de reforma tributaria que busca recaudar 26,3 billones de pesos, pero cuya viabilidad es muy baja en medio del delicado escenario macroeconómico actual, un Ejecutivo debilitado políticamente y un Congreso imbuido, como en toda última legislatura, en la campaña electoral parlamentaria y presidencial.
Ya distintas voces de las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara advirtieron que esta carta de gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda no tendría mucho futuro e, incluso, correría igual suerte que el proyecto de presupuesto para 2025 que por 523 billones de pesos se hundió de forma inédita en septiembre del año pasado en esas instancias congresionales y, semanas después, ocurrió lo mismo con el proyecto de reforma tributaria al que venía asociado, en ese entonces por 12 billones de pesos.
Para los centros de estudios económicos y los expertos, el ministro de Hacienda –cuarto en los tres años de este mandato– no está aplicando medidas reales y de fondo para contener el déficit fiscal. Por el contrario, lo está ahondando, ya que no solo apuesta por 557 billones de pesos, sino que el rubro de gasto, en donde debería concentrarse un eficaz apretón de recursos, terminó creciendo en términos reales.
Se trata de una decisión ilógica si se tiene en cuenta que el recaudo tributario continúa de capa caída, la economía apenas si está creciendo al 2,7%, la deuda externa es más alta y cara, a lo que se suma que el acceso al financiamiento externo es cada vez más complicado, esto debido a la disminución de notas por parte de las firmas calificadoras de riesgo, la confirmación del congelamiento del crédito de contingencia del FMI y las alertas de la banca multilateral por la riesgosa determinación gubernamental de esquivar por tres años la regla fiscal, lo que llevó a proyectar un débil Marco Fiscal de Mediano Plazo con un peligroso déficit de 7,1% para este año y de 6,2% el próximo.
Hemos reiterado que una de las razones estructurales del desbalance fiscal en Colombia se deriva de un evidente sobredimensionamiento presupuestal. No hay razones objetivas que expliquen por qué se pasó de una carta de gastos, deuda e inversión de 350 billones de pesos aprobada para 2022 a una de 557 billones, como la planteada para el 2026. El otro gran problema es la lenta e ineficiente ejecución de los recursos.
Este último monto no atiende a criterios de realidad ni sostenibilidad financiera por parte del gobierno nacional central. Mientras cae drásticamente la inversión social y hay ministerios y entidades a las que se les recortan recursos de forma sustancial, que ni siquiera alcanzan para su funcionamiento básico, hay aumentos inexplicables en gastos burocráticos, circunstancia advertida por distintos sectores políticos como una evidencia del clientelismo electoral predominante en el Ejecutivo. También hay alertas sobre las metas de recaudo tributario, el manejo de la deuda y los recursos para que la fuerza pública enfrente el cruento pico de violencia. Tampoco se estarían corrigiendo los graves faltantes en materia de pago de subsidios a la energía, Icetex, vivienda, jóvenes y adultos mayores. Incluso, algunos hacendistas alertan sobre la gaseosa provisión de vigencias futuras presupuestales y la plata para sufragar el pilar solidario de la ley pensional, hoy suspendida y bajo la lupa de la Corte Constitucional…
El desbalance llega a tal punto que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal ya dio concepto previo desfavorable al cambio del plan financiero de 2026, recalcando que se deteriora el balance primario y se pretende financiar gasto persistente con fuentes inciertas o temporales. Hasta se advirtió que el faltante para el próximo año estaría alrededor de los 39,4 billones de pesos. Es decir, que ni siquiera se cubriría aprobando la polémica reforma tributaria.
Como se ve, todo parece indicar que el Gobierno, al presentar una iniciativa deficitaria e inviable, estaría apostando a que el Congreso no le apruebe el presupuesto 2026 y acudir, entonces, a decretarlo. Restando un año de mandato, de manera irresponsable y temeraria se busca gastar todo lo posible en el remate de la administración y dejarle una crisis fiscal multisectorial al sucesor. Ni más ni menos.