“El coronel Mejía creó un aparato criminal en La Popa”
Durante la Audiencia de Alegatos de Conclusión, que desarrolló la JEP en Valledupar contra el coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez, excomandante del Batallón La Popa, Samuel Serrano, fiscal 5 de la Unidad de Investigación y Acusación, aseguró que Mejía Gutiérrez creó un aparato criminal dentro del Batallón de Artillería, que habría perpetrado los homicidios, 40 desapariciones forzadas y cuatro casos de tortura, utilizando recursos y logística institucional del Ejército Nacional.
“Se vendió a la población del Cesar una falsa percepción de seguridad para consolidar la imagen del coronel como el mejor oficial del Ejército Nacional”, sostuvo el fiscal Serrano durante su intervención.
De acuerdo con la Fiscalía, estos crímenes se habrían cometido en el marco de una alianza de mutuo beneficio entre el batallón y el grupo paramilitar Frente Mártires del Cesar. Según la acusación, integrantes del grupo ilegal entregaban víctimas al Ejército, quienes luego eran presentadas como “bajas en combate” en operativos previamente coordinados, con fecha, hora y logística pactadas.
“Se trató de una colaboración criminal: mientras los paramilitares expandían su control territorial, el batallón mostraba resultados para simular una recuperación de la seguridad”, denunció el fiscal.
El caso de Mejía Gutiérrez está relacionado con los denominados “falsos positivos” ocurridos en el norte del Cesar y el sur de La Guajira. Según la JEP, el coronel habría liderado un esquema criminal con el propósito de inflar resultados operacionales, mejorar su imagen como comandante y obtener beneficios en términos de efectivos y permisos dentro de la institución militar.
La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) lo acusa por la presunta comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad ocurridos entre enero de 2002 y noviembre de 2003.
La audiencia marcó el cierre de un proceso judicial que se activó luego de que el compareciente no reconoció responsabilidad frente a los hechos que le imputó la Sala de Reconocimiento de Verdad en 2021, en el marco del Caso 03: Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.
La magistrada Reinere Jaramillo, quien preside el juicio, concedió el uso de la última palabra al acusado, quien no aceptó los cargos. Ante este escenario, ahora la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad deberá emitir la sentencia en los próximos 60 días hábiles, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley 1922 de 2018.
“NO SOY EL VICTIMARIO DE USTEDES”
“Honorables magistrados, gracias por las garantías y por la forma en que adelantaron este juicio. Distinguida audiencia, víctimas, no soy su victimario. Hubiera sido fácil decir: ya pagué ocho años, acepto. Pero entre hacer lo que me conviene y hacer lo correcto hay una diferencia muy grande.
En estos 19 años perdí mi carrera, estuve 10 años en prisión preventiva, perdí todo lo que más he querido; me aporrearon, me maltrataron a mí y a mi familia; me cerraron todas las posibilidades laborales. Me llevaron a La Picota estando uniformado como coronel. Ha sido un viacrucis. Pero después de haber perdido todo, me quedan tres cosas: una, la verdad; dos, mi honor de soldado de Colombia; tres, mi dignidad ciudadana. Y eso no es negociable. No acepto los cargos”, dijo en la audiencia.
En la sentencia, la magistratura definirá si el coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez es declarado responsable o no de los crímenes por los que fue acusado. Será una decisión judicial sustentada en las pruebas, los testimonios y los alegatos presentados a lo largo del juicio. En caso de ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 20 años de privación efectiva de la libertad tal como lo establece la constitución y la ley.
Por su parte, la defensa intentará desvirtuar la acusación y sostener su tesis de inocencia. La representación de las víctimas también presentará sus alegatos, con el objetivo de que quien consideran responsable responda ante la justicia.
