Fiscalía de la JEP pide 20 años de cárcel para el coronel Mejía
Durante la audiencia de alegatos de conclusión en el marco del juicio ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra el coronel (r) Hernán Mejía Gutiérrez, por más de 70 casos de falsos positivos y alianza con paramilitares, el fiscal de la Fiscalía de la JEP (UIA) quien enjuició a Mejía, Samuel Serrano, pidió la pena máxima contra el coronel en retiro: 20 años de prisión.
Con la intervención del fiscal de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) inició ayer en Valledupar la audiencia de alegatos de conclusión en el juicio contra el coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez, excomandante del Batallón La Popa, acusado de crímenes de guerra y de lesa humanidad ocurridos entre enero de 2002 y noviembre de 2003.
Durante la diligencia, la magistrada Reinere Jaramillo volverá a preguntarle al acusado si acepta su responsabilidad. En caso de hacerlo, podría acceder a una Sanción Propia, que implica penas de entre cinco y ocho años de privación de la libertad con medidas restaurativas. Si mantiene su postura de inocencia, como ha ocurrido hasta ahora, se expondrá a una pena ordinaria de hasta 20 años de cárcel si es hallado culpable.
El proceso se desarrolla en el marco del Sistema Adversarial Transicional, diseñado por la JEP para los comparecientes que no reconocen los hechos imputados. En este caso, el coronel (r) Mejía Gutiérrez no aceptó los cargos formulados por la Sala de Reconocimiento de Verdad en 2021, en el Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate.
El juicio oral y público comenzó en septiembre de 2024 y se ha desarrollado a lo largo de 13 sesiones, distribuidas en 33 días hábiles. Durante ese periodo se practicaron 55 testimonios, incluyendo el del propio acusado. En total, se decretaron 82 pruebas testimoniales a favor de la UIA, 29 para la defensa y cuatro para las víctimas.
Además, fueron incorporados 757 conjuntos de evidencia documental, entre los cuales se cuentan 1.119 documentos presentados por la UIA, cuatro por el Ministerio Público, tres informes allegados por las víctimas y 19 documentos aportados por la defensa. Todo ello bajo el principio de permanencia de la prueba, que permite valorar evidencia recolectada por distintas autoridades durante el conflicto armado.
LO QUE DIJO LA FISCALÍA
En sus alegatos que se extendieron por más de una hora y media, el fiscal Samuel Serrano se refirió a las declaraciones de subalternos de Mejía y distinto material probatorio, el cual, a su juicio, evidenció durante el juicio que el coronel en retiro, en su condición de comandante del Batallón La Popa, dirigió y coordinó un aparato criminal que se dedicó a asesinar civiles para presentarlos como guerrilleros, recibiendo incluso cuerpos a paramilitares, con el fin de hacerlos pasar por propios.
“El teniente coronel Mejía Gutiérrez ideó, creó y dirigió un ilegal aparato organizado de poder a través del cual cometió homicidios, desapariciones y torturas en algunos casos en alianza macabra con paramilitares, el Frente Mártires del Cesar y en otros por iniciativa propia de sus integrantes” expuso el fiscal Samuel Serrano.
Es más, el coronel en retiro fue señalado de haber echado a andar un “tren” criminal al que conminó a sus subalternos a “subirse” para presentar bajas de manera ilegal, así seguir construyendo una falsa imagen de seguridad en el Cesar y al mismo tiempo, venderse como un oficial de resultados cuando se trataba en realidad de crímenes de guerra y lesa humanidad.
“Su propósito: dar una falsa sensación de seguridad a los pobladores del departamento del Cesar, a quienes también engañó y consolidar su imagen como el mejor oficial del Ejército Nacional”, sentenció Serrano.
A dicha petición de la pena máxima de cárcel, 20 años de prisión, también adhirió la representación de víctimas, por medio de los abogados Daniela Rodríguez del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y Sebastián Escobar del Colectivo José Alvear Restrepo. Durante la intervención del abogado Escobar, por ejemplo, señaló que lo que se logró probar en el juicio no fueron meras “elucubraciones”, en cambio, se evidenció concretamente la participación del coronel en falsos positivos y otros crímenes.
“Hechos que configuran un patrón de macrocriminalidad ejecutado desde el aparato estatal y dirigido por quien hoy se encuentra acusado: el señor Publio Hernán Mejía Gutiérrez. De manera respetuosa y decidida solicitamos que se declare su responsabilidad como responsable de crímenes de guerra y lesa humanidad, 20 años de privación efectiva de la libertad” sentenció Sebastián Escobar.
De hecho, indicó que una sentencia condenatoria contra el coronel (r) Mejía por estos más de 70 homicidios representaría una forma de reparación y no repetición frente a las familias de las víctimas y las comunidades indígenas (estas últimas especialmente estigmatizadas). “La justicia que restituye la dignidad, que repara con verdad y que sienta precedentes éticos para que estos hechos no se repitan nunca más” agregó.
La diligencia continuará con los alegatos por parte de la defensa del coronel (r) Mejía Gutiérrez.
Durante la audiencia, cada una de las partes —la UIA, la defensa y la representación de víctimas— expone una síntesis de las pruebas practicadas para sustentar su versión de los hechos. La fiscalía busca demostrar que Mejía Gutiérrez tuvo participación, como autor o coautor mediato, en 35 hechos en los que fueron asesinadas 72 personas en el norte del Cesar y el sur de La Guajira.
Una vez concluyan los alegatos, la magistratura dispondrá de hasta 60 días hábiles para emitir sentencia, que podrá ser absolutoria o condenatoria.
Desde la audiencia preparatoria, celebrada en Bogotá en julio de 2024, la magistrada Jaramillo explicó el modelo adoptado para garantizar la centralidad de las víctimas en este juicio, aun cuando el procesado no ha reconocido su responsabilidad.
Durante todo el proceso, los apoderados de las víctimas participaron activamente con preguntas y testigos propios. Las víctimas estuvieron presentes en todas las sesiones, tanto presenciales como virtuales, y recibieron acompañamiento psicosocial por parte de equipos interdisciplinarios de la JEP.
Según la JEP, este modelo busca asegurar su derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral, incluso en los juicios donde no hay reconocimiento previo de responsabilidad por parte del acusado.