En medio de crecientes preocupaciones por el deterioro de la seguridad en la región, los alcaldes del llamado Corredor de Vida, que incluye a los municipios de La Jagua de Ibirico, Chiriguaná, El Paso y Becerril, se reunieron en un Consejo de Seguridad Regional, al que también fueron invitados los mandatarios de Curumaní y Astrea.
El encuentro, desarrollado en La Jagua de Ibirico, contó con la presencia del secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel; representantes de la Procuraduría Regional, Ejército Nacional, Policía Nacional y sus especialidades. Durante la jornada, los mandatarios plantearon los principales desafíos que enfrentan en sus territorios: aumento de hechos violentos, amenazas a líderes sociales, presencia de grupos armados ilegales y limitaciones operativas debido a la falta de recursos y de pie de fuerza.
“SE NECESITAN ESTRATEGIAS INTEGRALES”
El alcalde de La Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández, expresó su inconformidad por los recortes presupuestales del Gobierno Nacional que, según dijo, están impactando directamente la capacidad del Ministerio de Defensa: “No se puede pensar en combatir a los grupos al margen de la ley cuando cada día contamos con menos policías y menos soldados. Esto no se soluciona solo con más pie de fuerza; se requiere una estrategia integral y sostenida”.
Además, propuso la creación de una bolsa regional de seguridad entre los municipios del Corredor de Vida para aunar esfuerzos y enfrentar de manera conjunta la criminalidad que los afecta.
De cara a la visita del Ministro de Defensa, programada para el próximo viernes 8 de agosto en Valledupar, el secretario de Gobierno Departamental, Eduardo Esquivel, instó a los alcaldes a presentar una propuesta unificada, ya que la situación del Cesar amerita una respuesta clara del Gobierno Nacional. “Lleguemos con una propuesta concreta”, dijo.
ALCALDES PIDEN AYUDA
Fabián Martínez, alcalde de Becerril, solicitó mayor presencia operativa del Ejército y la Policía: “Desde la administración estamos dispuestos a brindar apoyo para reducir los índices de violencia en nuestra población”.
Por su parte, Hernán Martínez, de Curumaní, expresó que, a pesar de las limitaciones presupuestales, su gobierno está comprometido en combatir el microtráfico y los grupos insurgentes que alteran la tranquilidad de la comunidad. Manifestó el alcalde de Curumaní.
Jesús Ortíz, alcalde de El Paso, pidió resultados contundentes por parte de la Policía Nacional, así como apoyo institucional para lograr la captura de los delincuentes que operan en su municipio.
Asimismo, el secretario de Gobierno de Astrea, denunció la falta de apoyo de grupos especializados como el GOES debido a la categoría del municipio y solicitó la instalación de una base militar.
“Desde Chiriguaná, hemos podido evidenciar que hay muchas personas en el municipio con amenazas y en este caso, los civiles son los más perjudicados. Estamos dispuestos a trabajar en una estrategia conjunta que llevaremos ante el ministro”, expresó el secretario de gobierno Carlos Alberto Salja.
El teniente coronel Pedro Martínez, del Ejército Nacional, afirmó que se han priorizado zonas como La Jagua de Ibirico, Chiriguaná y Becerril, y que se trabaja para aumentar la cobertura operativa en Curumaní y Astrea.
“Estamos comprometidos con garantizar la seguridad de nuestros municipios. Este tipo de espacios nos permite fortalecer el trabajo conjunto entre autoridades locales, departamentales y la fuerza pública para enfrentar las estructuras criminales que operan en la región”, señaló el Teniente Coronel Antonio José Londoño Londoño, comandante Operativo del Servicio de Policía Cesar.
Desde la Procuraduría Regional, se hizo eco de las denuncias presentadas por los alcaldes, señalando que estas coinciden con las alertas tempranas emitidas por organismos de control: “Lo que se evidencia es una disputa por el control territorial que requiere revisión urgente de los compromisos asumidos por el Gobierno Nacional”, manifestó el procurador regional.

