Condenan a 40 años de prisión a alias ‘El Piojo’ por la masacre de Los Tupes
Dos décadas después de uno de los crímenes más atroces cometidos en el departamento del Cesar, durante el conflicto armado, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Valledupar condenó a 40 años de prisión a Jorge Luis Gómez Trujillo, alias ‘El Piojo’, por su participación en la masacre de Los Tupes, corregimiento del municipio de San Diego.
El exintegrante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fue hallado culpable de los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo, tentativa de homicidio, concierto para delinquir y terrorismo.
Según el expediente judicial, un grupo armado ingresó violentamente a tres viviendas de Los Tupes con granadas y fusiles. El ataque dejó un saldo de ocho víctimas fatales, entre ellas cinco menores de edad, y varios heridos.
Entre las víctimas se encontraban Gala Marcelina Camargo Bermúdez, su hija Odis Helena Suárez Camargo, y Wilson Martínez. También fueron asesinados Darles Zuliana Reyes Pérez (5 años), Dayaris Silellys Reyes Pérez (11), Dainer Antonio Reyes Pérez (9) y Deimer José Reyes Pérez (12), cuando los atacantes prendieron fuego a su vivienda.
El objetivo principal de los paramilitares, según testigos, era Pedro Mendoza, quien logró escapar, lo que habría interrumpido parcialmente la incursión armada.
A pesar de la gravedad del crimen, el proceso judicial avanzó lentamente. Solo un militar fue condenado en la justicia ordinaria, y seis miembros de las AUC aceptaron responsabilidad en la Justicia y Paz. Sin embargo, el caso ha estado marcado por irregularidades, intimidaciones y el asesinato de dos familiares de las víctimas que participaron en el proceso judicial.
En 2022, los familiares presentaron el caso ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pidiendo que se incluya en el macrocaso 08, que investiga la participación de agentes estatales en alianza con grupos paramilitares.
La Fiscalía General de la Nación, a través de su Dirección Especializada de Derechos Humanos, declaró recientemente el caso como crimen de lesa humanidad, lo que garantiza su imprescriptibilidad y mantiene abiertas las puertas a nuevas investigaciones.