Es necesaria la colaboración con la Fiscalía para cerrar el conflicto: JEP
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) subrayó la necesidad de seguir trabajando conjuntamente con la Fiscalía General de la Nación para dar cierre jurídico definitivo al conflicto armado.
La afirmación se dio a conocer en una carta enviada el 1 de agosto de 2025 por el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, como respuesta al oficio remitido el 14 de julio por la fiscal general Luz Adriana Camargo. En este, la fiscal expresaba su preocupación sobre el cierre judicial de procesos penales relacionados con el conflicto armado, un tema que la JEP abordó con precisión en su misiva.
Según la JEP, la Fiscalía cuenta con las facultades legales para proceder con el cierre definitivo de los procesos bajo su competencia, sin la necesidad de transferir estos casos masivamente a la JEP.
La entidad explicó que «sería contrario a los principios de eficiencia, economía procesal y estricta temporalidad realizar un traslado masivo de esos procesos solo para cerrarlos por las mismas causas en la JEP». Ramelli aseguró que la Fiscalía debe seguir ejerciendo su papel dentro del marco de la justicia ordinaria, respetando los principios legales y operativos establecidos en la legislación procesal colombiana.
En su respuesta, la JEP destacó los avances logrados en el trabajo conjunto con la Fiscalía, particularmente en la depuración de las bases de datos relacionadas con el conflicto armado. La integración de más de 100 bases de datos y más de 1.000 informes proporcionados por la Fiscalía y otras entidades ha permitido la depuración de registros duplicados y la corrección de inconsistencias en los informes, como la incorrecta identificación de víctimas y responsables, y errores en la atribución de crímenes a grupos armados específicos.
«Este proceso de depuración es crucial para garantizar que los datos sean lo más precisos posible, lo cual es esencial para la justicia transicional», afirmó Ramelli.
La JEP destacó que, tras la revisión exhaustiva de la información, se identificaron 407.081 procesos relacionados con el conflicto armado, de los cuales más de 200.000 están relacionados con presuntos responsables, mientras que más de 300.000 corresponden a víctimas. Estos datos son fundamentales para el avance de la JEP, que tiene como objetivo no solo identificar a los responsables más graves, sino también priorizar los casos que tienen un impacto significativo en la reparación de las víctimas y en el esclarecimiento de la verdad histórica.
Además de resaltar los avances en la depuración de datos, la JEP propuso nuevas estrategias para continuar con la cooperación entre las dos instituciones. Estas incluyen la identificación y actualización de investigaciones activas, especialmente aquellas asociadas a las extintas FARC, y la creación de dos inventarios complementarios: uno centrado en los macrocasos y otro enfocado en los comparecientes.
Según la JEP, esta metodología ayudará a priorizar los casos más graves y permitirá una resolución más eficiente de las situaciones jurídicas de los comparecientes.
La JEP también propuso mejorar la metodología de trabajo conjunta para la depuración y actualización de información sobre los procesos que involucran a las FARC, con el fin de garantizar que todos los casos sean tratados de acuerdo con los principios de la justicia transicional. «Es imperativo que ambos órganos sigan profundizando su colaboración para consolidar un marco de justicia integral, que dé respuesta a las víctimas y fortalezca el proceso de paz», indicó Ramelli en su misiva.
Un aspecto central de la colaboración entre la JEP y la Fiscalía es el cierre definitivo de los procesos judiciales relacionados con los crímenes cometidos durante el conflicto armado. Según la JEP, el trabajo conjunto ha permitido resolver varios de estos procesos, especialmente aquellos que involucraban investigaciones erróneas o imprecisas.
Sin embargo, la JEP también destacó que la resolución de los casos no siempre depende del traslado de estos a la jurisdicción de la paz, sino que en muchos casos se puede proceder a través de la justicia ordinaria.
«En lugar de trasladar masivamente los casos, lo más adecuado es que cada institución siga cumpliendo con su rol dentro de los principios establecidos, y la Fiscalía cierre las investigaciones que no aporten elementos nuevos», explicó Ramelli. Este enfoque garantizaría que los recursos judiciales se utilicen de manera eficiente, sin perder de vista el objetivo central de la justicia transicional: el esclarecimiento de los crímenes más graves y la reparación de las víctimas.
«La justicia transicional es un proceso complejo, pero fundamental para consolidar una paz estable y duradera en Colombia», señaló Ramelli. En este sentido, destacó la importancia de seguir trabajando de manera conjunta con la Fiscalía para garantizar que los crímenes del conflicto armado sean juzgados adecuadamente y que las víctimas reciban la reparación que les corresponde.
La JEP también mencionó que, a medida que avanza en el cierre de los casos más representativos, se seguirá priorizando la identificación de los máximos responsables de los crímenes más graves, con el fin de lograr una justicia más eficiente y efectiva. Además, en su carta, Ramelli expresó su disposición a seguir trabajando de forma coordinada con la Fiscalía para avanzar en el cierre de los procesos y alcanzar los objetivos planteados en el marco de la justicia transicional.
La Jurisdicción Especial para la Paz concluyó que la colaboración continua con la Fiscalía es esencial para alcanzar una paz estable y duradera, al mismo tiempo que se avanza en la resolución de los casos más graves del conflicto armado colombiano.
/Colprensa