La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 009 de 2025 ante la crítica situación de orden público que vive el municipio de Chiriguaná, Cesar, debido al accionar violento de grupos armados ilegales que disputan el control del territorio.
La alerta se fundamenta en el avance de estructuras como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las extintas FARC conocida como el Frente 41 Cacique Upar, todos con intereses estratégicos en zonas urbanas y rurales del municipio, especialmente en áreas como la Serranía del Perijá, de alto valor geopolítico y ambiental.
La Defensoría advirtió sobre el riesgo de confrontaciones armadas entre estas estructuras, las cuales tendrían un impacto directo en los derechos fundamentales de la población civil, incluyendo la vida, la libertad y la integridad personal. Las comunidades más expuestas incluyen líderes sociales, defensores de derechos humanos, población indígena Zenú, pescadores artesanales, campesinos y habitantes estigmatizados por razones sociales o territoriales.
Entre febrero de 2023 y enero de 2025, la entidad reportó al menos 20 homicidios en Chiriguaná: 11 atribuidos al EGC, cinco asociados a otros contextos criminales, tres al ELN y uno más a una disidencia armada. Estos casos reflejan patrones de “limpieza social”, retaliaciones y ajustes de cuentas por parte de estos actores armados.
Chiriguaná, que tiene más de 32.000 habitantes, concentra riesgos tanto en su cabecera urbana como en corregimientos y veredas como Poponte, Rinconhondo, La Aurora y La Sierra, zonas que enfrentan presencia directa de grupos ilegales, restricciones a la movilidad, amenazas, cobros extorsivos y desplazamientos forzados.
Ante este escenario, la Defensoría hizo 31 recomendaciones dirigidas a instituciones del Estado, entre ellas los ministerios del Interior y de Justicia, la Procuraduría, la Policía Nacional, el Ejército, la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Chiriguaná, para que activen acciones inmediatas con enfoque de derechos humanos y derecho internacional humanitario (DIH).
Las recomendaciones giran en torno a nueve líneas de intervención, incluyendo atención humanitaria integral, fortalecimiento comunitario, medidas de protección y acceso a la justicia, prevención de riesgos y desarrollo de políticas públicas para cerrar brechas sociales y consolidar la presencia institucional.
La Defensoría insistió en que es urgente y prioritario garantizar la seguridad, prevenir la expansión de la violencia armada y asegurar condiciones dignas para las comunidades, bajo principios de coordinación y acción estatal efectiva. La omisión o lentitud en la respuesta podría agravar aún más la situación de vulnerabilidad de miles de ciudadanos en este territorio estratégico del Caribe colombiano.
