En Valledupar avanza histórica Audiencia Pública, clave en caso de “falsos positivos”
En un hecho sin precedentes, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) instaló desde ayer jueves en Valledupar, la Audiencia Pública de Verificación del Subcaso Costa Caribe del Caso 03, centrado en los crímenes cometidos por integrantes del Batallón de Artillería No. 2 La Popa entre 2002 y 2005 en los departamentos del Cesar y La Guajira.
Este espacio, liderado por la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, reúne a más de 200 víctimas acreditadas, representantes de comunidades étnicas y más de 40 entidades del Estado, en un esfuerzo colectivo por avanzar hacia una justicia restaurativa, centrada en la verdad, la reparación y la no repetición.
Durante dos días de diligencias, la JEP evaluará si los 12 exintegrantes del Ejército que reconocieron su responsabilidad por 135 asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate han cumplido con los compromisos asumidos en materia de verdad y reparación. La audiencia constituye el paso previo para la emisión de la primera sentencia con contenido restaurador en la historia de la justicia transicional en Colombia.
VERDAD, REPARACIÓN Y JUSTICIA
Ayer, la audiencia se centró en la verificación de los aportes a la verdad realizados por cada uno de los comparecientes. La magistratura contrastará la información entregada por los exmilitares con la documentación reunida por la JEP y otras entidades del Sistema Integral para la Paz, para determinar si se han satisfecho las demandas de las víctimas en esta etapa procesal.
La segunda jornada de hoy, estará dedicado a evaluar los compromisos de reparación, incluyendo la viabilidad y sostenibilidad de nueve proyectos restaurativos que los comparecientes deberán ejecutar como parte de su sanción. Estas iniciativas fueron construidas en diálogo con las víctimas, quienes plantearon sus necesidades, expectativas y formas de dignificación.
El presidente de la JEP, el magistrado Ramelli, destacó la importancia de realizar esta audiencia en la Costa Caribe, de la mano de los consejos comunitarios afrocolombianos y las autoridades indígenas Wiwa y Kankuama. “Estamos trayendo justicia por crímenes atroces cometidos contra la población civil, que atropellaron de manera particular a estos pueblos, sus creencias, sus estilos de vida, sus proyectos. Trabajamos para que las sanciones que se impongan ayuden a restablecer los daños causados”, dijo.
A su vez, la magistrada Ana Manuela Ochoa, presidenta de la sección que dirige la audiencia, reconoció el dolor y la valentía de las víctimas: “Sabemos que ustedes no han descansado ni descansarán hasta que las historias de sus seres queridos sean contadas”.
JUSTICIA EN LOS TERRITORIOS
La audiencia, celebrada con la participación de autoridades de los pueblos Wiwa y Kankuamo, así como de consejos comunitarios afrocolombianos, representa un hito al llevar la justicia transicional a los territorios afectados por el conflicto armado. Los responsables procesados en este subcaso incluyen dos mayores, un teniente, dos subtenientes, varios suboficiales y tres soldados profesionales, quienes enfrentan cargos por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Antes de que el Tribunal imponga las Sanciones Propias, conocidas como TOAR (Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador-Reparador)—, se deberá confirmar que la sentencia cumpla con los requisitos legales, ofrezca garantías a las partes y proteja los derechos de las víctimas.
Este ejercicio de justicia participativa abre la puerta a una nueva etapa en la construcción de paz en Colombia, donde la memoria, el reconocimiento del daño y la acción institucional coordinada son elementos clave para restablecer el tejido social y reconstruir la confianza entre el Estado y las comunidades.