Demanda creciente y deficiencia estructural
El panorama del sector energético es cada día más complicado, no solo por los problemas de financiamiento del sistema y las demoras de la Nación en el giro a las empresas prestadoras de los billonarios montos adeudados por concepto de subsidios, sino porque muchos proyectos de ampliación de la capacidad de generación se encuentran frenados por cuenta de los dilatados procesos de licenciamiento ambiental.
La Procuraduría General lanzó una alerta al respecto días atrás al presentar los resultados del acompañamiento a la labor de las 34 Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) de todo el país en materia de trámite de este tipo de licencias y permisos.
Lo encontrado prende las alertas: se detectaron presuntas irregularidades en 16 de estas corporaciones, especialmente en lo relativo a demoras de hasta 800 días para resolver trámites ambientales. También se encontró dilación en los tiempos de radicación entre 390 y 696 días. Todo esto, en opinión del ente de control, evidenciaría “ineficiencia administrativa y falta de uniformidad en los criterios”.
Más grave aún resulta, de acuerdo con el reporte dado a conocer en la Segunda Mesa de Alto Nivel del Sector Energético, que las demoras anotadas implican un presunto riesgo de corrupción. Incluso se evalúa la posibilidad de presentar un informe con fines disciplinarios contra los responsables de estas anomalías en las autoridades ambientales regionales.
Ya los gremios del sector minero energético han advertido en reiteradas ocasiones que los problemas estructurales que enfrenta el país para aumentar su capacidad de generación se deben no solo a la anacrónica política gubernamental de restringir la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo y gas, sino también a que no pocos proyectos que se vienen desarrollando se encuentran paralizados porque los procesos para obtener las licencias ambientales son muy demorados.
Un cuello de botella tanto o más lesivo que el de las consultas previas que deben realizarse con las comunidades ubicadas en las zonas de impacto o influencia de los proyectos de infraestructura energética. De hecho, en los últimos dos años algunos desarrollos petroleros y gasíferos e incluso de iniciativas para la construcción de parques de generación de energía solar y eólica han tenido que suspenderse por los intrincados procesos para obtener el visto bueno de las poblaciones circundantes.
Tanto la cúpula gremial como la Contraloría General han urgido que se agilicen, obviamente dentro de los cánones del debido proceso y el acatamiento a la normatividad de desarrollo sostenible, estos mecanismos. Un asunto que es más urgente al evidenciarse que Colombia está en la ruta de perder su autosuficiencia energética, como queda en evidencia en la mayor importación de gas a que se tuvo que acudir en los últimos meses pese a que hay pozos en desarrollo con importantes reservas, pero cuya entrada en operación comercial está pendiente de los permisos ambientales y la superación de las múltiples consultas previas.
Es claro que los planes de choque para superar estos obstáculos no han dado los resultados esperados, de allí que sea necesario encontrar otras rutas de solución. La Procuraduría, por ejemplo, plantea la creación de una ventanilla única para estos trámites, estandarizar los criterios y tiempos mediante una regulación más eficiente, así como establecer una mesa de trabajo con los directores de las CAR para mejorar la gestión, eficiencia y transparencia.
Ya el Gobierno, en mayo pasado, inició un estudio técnico y administrativo para exonerar de licencias ambientales a un centenar de proyectos de generación de energía renovable de hasta 100 megavatios cada uno. El propio Ministerio de Minas y Energía advirtió que el 52% de los proyectos de energías renovables en el país estaban detenidos en las CAR.
Es urgente, entonces, conocer las conclusiones del equipo multidisciplinar denominado “6G + Plus” cuyo objetivo, según esa cartera, no es otro que identificar por qué esos trámites están detenidos, así como diagnosticar los cuellos de botella en licenciamiento ambiental e incluso en la misma regulación.
Ojalá este nuevo plan de choque y las medidas que proponen los entes de control, así como las fórmulas planteadas por los gremios del sector minero energético esta vez tengan un resultado más positivo que anteriores estrategias de contingencia alrededor de estos cuellos de botella.
No hay que llamarse a engaños: el mayor problema que enfrenta hoy la fiabilidad y prestación del servicio de energía en el país no radica en el esquema tarifario ni en la estructura del sistema vigente. Ambos flancos necesitan ajustes, claro. Pero el lío de fondo es que la capacidad instalada sectorial no tiene cómo responder al aumento de la demanda. Solo con un impulso definitivo a los proyectos en curso se podría superar esta circunstancia crítica. De lo contrario, el riesgo de apagón financiero y operativo seguirá creciendo.