Cuidar y defender la democracia
Colombia tiene una de las democracias más estables del continente americano. Y ello se debe no solo a una sólida fortaleza institucional muy pocas veces interrumpida en más de doscientos años de vida republicana, sino a que la organización electoral se ha distinguido por su eficacia y transparencia a lo largo de las décadas. Una característica revalidada muchas veces por las misiones locales y foráneas de veeduría y vigilancia de las citas a las urnas en Colombia.
Hoy, el país está en la antesala de un nuevo periodo electoral. A finales de octubre se realizarán tanto los comicios para escoger los Consejos de Juventud como las consultas internas de los partidos que pidan convocarlas para definir candidatos, programas o ajustes estatutarios. Ya para marzo de 2026, es decir dentro de ocho meses, están citadas las elecciones de Congreso y ese mismo día se llevarán a cabo las consultas para seleccionar aspirantes únicos a la presidencia de la República por parte de coaliciones multipartidistas. Luego, en mayo y junio, tendrán lugar la primera y segunda vueltas para saber quién será el nuevo titular de la Casa de Nariño a partir del 7 de agosto.
Frente a ese intenso cronograma, ya la organización electoral tiene andando un operativo logístico integral para verificar que cada cita a las urnas esté rodeada de la máxima certeza y fiabilidad en la antesala, el día de votación, el conteo, los escrutinios, así como en la transmisión y publicación oficial y oportuna de los resultados.
Aunque en estos días desde algunos sectores gubernamentales se ha querido, a priori y sin prueba fáctica alguna, poner en duda la transparencia electoral, lo cierto es que el operativo para garantizar comicios sin tacha viene desarrollándose desde hace un buen tiempo. De hecho, la Registraduría Nacional fijó desde el año pasado el respectivo calendario, con etapas y fechas precisas, el cual ha implementado sin alteración o novedad alguna. Paradójicamente, la única alerta temprana es la relacionada con las preocupaciones en torno a que la grave crisis fiscal que afronta el Ejecutivo impacte en los giros a tiempo de las respectivas partidas presupuestales para financiar la logística electoral. Hasta el momento solo hay una mediana tranquilidad en esa materia.
En distintos escenarios, que van desde la Comisión de Garantías Electorales, reuniones con misiones de observación nacionales e internacionales, encuentros con partidos, pronunciamientos institucionales y hasta asambleas gremiales, el registrador Hernán Penagos ha explicado de forma detallada las medidas adicionales que se aplicarán en los próximos comicios, como la publicación de todas las actas electorales (formularios E-14) de cada una de las mesas de votación, con el fin de que la información siempre esté a la vista de todos los partidos, candidatos y ciudadanía. De igual manera, se contratarán auditorías electorales independientes adicionales para todo el proceso, al tiempo que aumentará el acompañamiento de las misiones de observación. Paralelo a esto, se activará un sistema biometría facial (adicional a la dactilar) para validar la plena identidad de los electores y evitar casos de suplantación. También se anunció el fortalecimiento de la comisión de seguimiento de delitos electorales, la realización de campañas móviles de inscripción de cédulas en todo el país, así como de la virtual para ciudadanos en el exterior…
A todo lo anterior, debe sumarse que esta semana, tras un proceso de convocatoria abierta y pública, que contó con la vigilancia de la Procuraduría y Contraloría, así como veeduría de partidos y misiones de observación, se adjudicó el contrato para proveer una solución integral logística, tecnológica, informática y de servicios para la organización y realización de las elecciones. Ganó el consorcio que tiene más experiencia en este tipo de labores en nuestro país.
Ya se había aclarado por parte de la Registraduría que el software de escrutinio, tras una orden del Consejo de Estado años atrás, es de propiedad de la Nación y fue adquirido para los anteriores comicios, estando hoy bajo tutela directa del Consejo Nacional Electoral. No hay pues, como se ha tratado de desinformar, una contratación nueva de este. Por el contrario, lo que ahora se hará es modernizarlo y se contará con más sistemas de ciberseguridad para evitar cualquier intento de hackeo o riesgo digital. Para mayor garantía habrá acceso al código fuente y podrá ser revisado por partidos, candidatos y demás.
Como se ve, el operativo para los próximos comicios se desarrolla normalmente y se está fortaleciendo el blindaje a todo nivel con el fin de que no haya sospecha alguna sobre la transparencia. Así las cosas, las denuncias que se escuchan por estos días no solo son infundadas e irresponsables, sino que desdicen peligrosa e injustificadamente de la reconocida fortaleza institucional de la democracia colombiana.