!Otra vez estamos secuestrados!
La reaparición del secuestro y extorsión como armas del crimen en Colombia (2025)
Colombia, que hace menos de una década parecía haber dejado atrás algunas de las formas más violentas de criminalidad gracias al proceso de paz con las FARC, enfrenta en 2025 un recrudecimiento alarmante de delitos que parecían en retroceso: el secuestro —especialmente los extorsivos— y la extorsión generalizada. Las cifras oficiales y las denuncias independientes coinciden en señalar una tendencia preocupante durante los primeros meses del año, marcando un nuevo capítulo en la compleja conjunción entre crimen organizado, debilitamiento institucional y estrategias fallidas de control territorial.
Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), entre enero y abril de 2025 se reportaron 131 casos de secuestro, lo que representa un aumento del 40 % con respecto al mismo periodo del año anterior . De estos, 106 fueron secuestros extorsivos, un incremento del 108 % frente a los 51 registrados en los primeros cuatro meses de 2024
No se trata de meras cifras aisladas: es la cifra trimestral más alta en casi 15 años y proyecta que en 2025 podrían superarse los 300 secuestros, recuperando niveles que no se veían desde los años comienzos de siglo
La capital, Bogotá, también ve incrementos dramáticos. Entre enero y marzo de 2025 se registraron 13 secuestros extorsivos, lo que representa un aumento del 1 200 %, comparado con el mismo período de 2024. Aunque el número absoluto sigue siendo bajo, el incremento porcentual evidencia un fenómeno que crece con rapidez y se instala también en los centros urbanos.
No menos grave es la situación de la extorsión, que se mantiene en niveles exorbitantes. El Observatorio de Seguridad del Consejo Gremial reporta 5.533 casos de extorsión en el primer trimestre de 2025, concentrados en seis departamentos. A nivel nacional, solo entre enero y abril de 2025 se registraron 131 secuestros, de los cuales 106 fueron con fines extorsivos –un claro reflejo del uso del secuestro como estrategia económica– y los rescates efectivos fueron apenas 16, cuatro menos que en el año pasado. Además, crecieron las liberaciones negociadas: pasaron de 56 en 2024 a 99 en 2025 lo que revela una institucionalidad frágil que deja a la familia asumir el peso del rescate.
El resurgimiento de estos delitos no es una casualidad: obedece a la intensificación de disputas por territorio entre grupos armados ilegales. En departamentos como Cauca, Norte de Santander y Valle del Cauca, el ELN, disidencias de las FARC y el Clan del Golfo se disputan rutas de narcotráfico, minas ilegales y zonas de extorsión
Este fenómeno es emblemático en el Catatumbo (Norte de Santander), donde, solo en enero de 2025, se reportaron enfrentamientos que provocaron más de 100 asesinatos, decenas de desaparecidos y al menos 20 personas secuestradas . Situaciones similares, como las ofensivas del ELN, intensifican la salida del Estado y propician el uso del secuestro y la extorsión como mecanismos de control y financiadores de estructuras criminales .
Ahora, es innegable que sobre el panorama anterior le asiste una enorme responsabilidad al gobierno del presidente Gustavo Petro, que con su estrategia de “paz total”, buscaba integrar a todos los actores armados a mesas de diálogo simultáneo. Sin embargo, este modelo ha sido un rotundo fracaso por la violencia en varias zonas y la falta de una estrategia coherente de seguridad. Jorge Restrepo del CERAC sostiene que, desde la llegada de Petro, los secuestros aumentaron en un 79 % y la extorsión en un 96 %. A su turno el premio nobel de paz, el expresidente Juan Manuel Santos ha advertido que el país podría estar regresando a patrones de violencia similares a los vividos antes del acuerdo con las Farc y que el enfoque gubernamental ha sido improvisado, sin una hoja de ruta claras. En un país donde la proliferación de bandas criminales es constante, ceder ante los armados bajo la bandera del diálogo puede significar dejar el terreno fértil para el crimen.
Frente a este panorama, resulta urgente fortalecer el Gaula —la unidad especializada contra secuestro y extorsión— mejorar la recolección de inteligencia, profesionalizar a la Policía y dotar de protocolos claros a las fuerzas de seguridad . También es imprescindible apoyar a las comunidades afectadas, especialmente en regiones rurales golpeadas por recrudecimientos violentos, como Cauca y el Catatumbo.
La justicia debe actuar contra las estructuras criminales urbanas y rurales —como los secuestros “por contrato” de menores —, y garantizar acompañamiento real a las víctimas.
La unión de esfuerzos entre el Estado, la sociedad civil, medios de justicia y cooperación internacional es indispensable: sin un horizonte claro de consolidación del Estado de derecho, cada secuestro y cada extorsión alimenta las finanzas delictivas y profundiza el control territorial armado.
La alarmante tendencia de 2025 no solo marca un regreso dramático de delitos clásicos, sino también una transformación sistemática del crimen en Colombia. La respuesta no puede limitarse a estrategias aisladas. Requiere decisiones políticas firmes, inversión en seguridad y presencia estatal, así como una convicción colectiva por rechazar que el miedo controle el país.