Colombia evitó perder $152 billones en litigios judiciales nacionales
Colombia evitó perder más de $151,9 billones en litigios judiciales a nivel nacional durante el periodo 2024 y el primer semestre de 2025, informó este martes la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
La entidad también reportó que logró una tasa de éxito superior al 78% en los procesos, 25 puntos por encima del promedio nacional.
El balance fue presentado por el director de la Agencia, César Palomino Cortés, en la audiencia pública de Rendición de Cuentas, en donde explicó que mediante una estrategia integral y nuevas herramientas jurídicas fue posible reducir significativamente los riesgos fiscales para el país.
“Evitamos pérdidas por cerca de $152 billones, equivalentes al 1,5% del PIB nacional, y atendimos más de 7.500 procesos judiciales a través del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado Colombiano, eKOGUI”, aseguró.
La Agencia también destacó los avances en la implementación del Sistema de Defensa Jurídica del Estado (SDJE), una herramienta para fortalecer la capacidad de defensa de entidades del orden nacional y territorial.
Según Palomino Cortés, este sistema ya cuenta con un decreto reglamentario construido junto a 15 entidades, un plan de acción con 23 metas estratégicas y un micrositio web que, en sus primeros seis meses, recibió más de 50.000 visitas.
En el escenario internacional, la Agencia reportó que evitó condenas por $1.594 millones de dólares en litigios de inversión. Actualmente, Colombia enfrenta 16 controversias internacionales con pretensiones por $58,9 billones de pesos y otras 12 se encuentran en etapa prearbitral.
La labor de la Agencia también fue reconocida en el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Colombia fue destacada como país líder en soluciones amistosas tras lograr 13 acuerdos, avanzar en 19 procesos de reparación para víctimas y realizar 15 actos de reconocimiento internacional.
El director de la entidad concluyó que estos resultados son producto del trabajo conjunto con otras entidades del Estado, organismos de control y universidades. Señaló que “una defensa jurídica eficaz también se construye desde la política pública, con visión de largo plazo, rigor técnico y enfoque en los derechos humanos”.
BOGOTÁ, (Colprensa).