Violencia y control territorial desangran al sur del Cesar
POR PRESENCIA DE GRUPOS ARMADOS ILEGALES
EL INFORME de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Activistas y Líderes Sociales (PDHAL), la Sierra Nevada de Santa Marta y sus estribaciones en el Cesar se han convertido en un escenario clave de la guerra territorial entre facciones del narcotráfico.
El departamento del Cesar enfrenta una grave crisis de seguridad, marcada por la intensificación del conflicto armado en su zona sur, particularmente en municipios como La Jagua de Ibirico, Manaure y González, donde se ha registrado un aumento alarmante de homicidios, desplazamientos y presencia de grupos armados ilegales.
Según el informe semestral más reciente de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Activistas y Líderes Sociales (PDHAL), la Sierra Nevada de Santa Marta y sus estribaciones en el Cesar se han convertido en un escenario clave de la guerra territorial entre facciones del narcotráfico, incluyendo el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), el grupo Los Primos y estructuras locales como Los Carperos.
La Serranía del Perijá ha sido señalada como una zona crítica en esta nueva ola de violencia. Según PDHAL, las ACSN han tomado el control de extensas áreas rurales, desplazando a otras estructuras armadas ilegales y consolidando corredores estratégicos para el transporte de cocaína y otras economías ilícitas. Esto ha provocado un recrudecimiento de la violencia rural en el sur del Cesar, generando desplazamientos masivos y afectando gravemente la seguridad alimentaria y la prestación de servicios básicos en varias veredas.
Comunidades campesinas e indígenas han denunciado presiones armadas, confinamiento y reclutamiento forzado de menores, en un contexto de creciente impunidad y limitada respuesta institucional. La situación se agrava con la débil presencia del Estado y la falta de una política de seguridad coordinada entre los departamentos del Caribe.
IMPUNIDAD Y FALTA DE RESPUESTA
PDHAL también advierte sobre el crecimiento de delitos conexos como la extorsión, las desapariciones forzadas y el control territorial violento, en medio de diálogos parciales y sin resultados verificables entre el Gobierno Nacional y los actores armados ilegales. El Alto Comisionado para la Paz ha sido cuestionado por promover acercamientos “invisibles”, sin garantías ni inclusión de las regiones más afectadas, como La Guajira y el Cesar.
Ante este panorama, organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y líderes comunitarios del Cesar exigen la implementación urgente de un plan de seguridad diferencial, coordinado entre los departamentos de Magdalena, La Guajira y Cesar. Este plan debe abordar tanto la emergencia humanitaria como la disputa narco-territorial que afecta la región, con un enfoque integral que garantice la protección de la vida, los derechos y la dignidad de las comunidades.