Tres líderes sociales han sido asesinados en Cesar este año
DEFENSORÍA DEL PUEBLO REVELÓ NUEVO INFORME
LA DEFENSORÍA del Pueblo mantienen el trabajo de prevención en las zonas de alto riesgo para líderes sociales.
Un informe de la Defensoría del Pueblo y La Naturaleza, reveló que durante los primeros cinco meses de 2025 han sido asesinadas tres personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales en el departamento del Cesar, una cifra que enciende las alarmas sobre el nivel de riesgo que enfrentan estos actores comunitarios en la región.
El reporte, que abarca el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2025, señala que en todo el territorio nacional se han registrado 81 homicidios contra líderes y lideresas sociales, lo que eleva a 1.569 el número total de víctimas desde enero de 2016.
Si bien el Cesar no se encuentra entre los departamentos con mayor número de casos, encabezados por Cauca (16), Antioquia (10) y Norte de Santander (7), la presencia de tres homicidios en este departamento representa una grave advertencia sobre los riesgos que enfrentan quienes ejercen roles de liderazgo en comunidades rurales, étnicas y urbanas vulnerables.
Entre las víctimas se esta escalada de violencia se encuentran el líder sindical, Walberto Quintero Medina, asesinado en Valledupar; y Jorge Rangel, funcionario de la Defensoría del Pueblo, quien fue ultimado en el municipio de La Gloria el pasado 30 de mayo.
El informe también identifica a los sectores sociales más golpeados por la violencia. Entre ellos figuran los líderes comunales, comunitarios, indígenas y afrodescendientes, muchos de los cuales desarrollan su labor en zonas rurales del Cesar. También se han registrado amenazas sistemáticas contra defensores del medio ambiente, firmantes del Acuerdo de Paz y activistas de derechos humanos.
Adicionalmente, a nivel nacional se reportaron en el mismo lapso 21 asesinatos de firmantes del acuerdo de paz y 26 masacres, que dejaron un saldo de 80 víctimas mortales.
Desde organizaciones sociales del Cesar se ha reiterado el llamado al Gobierno Nacional y a las autoridades regionales para que se adopten medidas urgentes de prevención, protección e investigación, con el fin de garantizar el derecho a la vida y el ejercicio de la defensa de los derechos humanos en condiciones seguras.