En González, la Personera y otros funcionarios están amenazados
ALARMANTE SITUACIÓN DE INSEGURIDAD
EN EL MUNICIPIO de González se ha venido reforzando la seguridad por la grave situación de orden público que está viviendo su población.
Ante la creciente violencia e intimidación por parte de grupos armados ilegales, el municipio de González, ubicado en el sur del Cesar y limítrofe con el Catatumbo, enfrenta una preocupante situación de seguridad: todos sus funcionarios públicos están amenazados.
Así lo confirmó el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel López, tras la realización de un Consejo Extraordinario de Seguridad en el que participaron la alcaldesa Katherine Mora, altos mandos del Ejército y la Policía, así como representantes de la Fiscalía y otros entes de control.
Además de la alcaldesa, se confirmó que otros funcionarios y la Personera municipal también están en riesgo. Según denuncias, han sido objeto de seguimientos por parte de grupos armados ilegales.
“Desde la Gobernación ya notificamos a la UNP para que evalúe y refuerce los esquemas de protección de estos servidores públicos”, añadió el secretario de Gobierno.
Sobre el reciente secuestro de cuatro personas cercanas a la alcaldesa y el hurto de una camioneta oficial, junto a armas pertenecientes a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Policía Nacional, Esquivel aseguró que “hay una investigación en curso y estamos decididos a esclarecer los hechos y judicializar a los responsables”.
La alcaldesa Katherine Mora exigió el reforzamiento urgente de su esquema de seguridad, manifestando que no aceptará un vehículo de reemplazo que no esté blindado, tras la pérdida del carro oficial en el reciente ataque.
El Gobierno departamental anunció que se le asignarán dos unidades adicionales de seguridad por parte de la Policía Nacional y la UNP, y se analiza la entrega de un vehículo blindado.
También solicitó al Ejército Nacional aumentar su presencia en el municipio y sus alrededores, ante el control territorial que han venido ganando actores armados al margen de la ley.
“La situación es crítica. El Consejo tomó decisiones clave que buscan frenar el avance de la criminalidad y proteger a quienes sirven a la comunidad”, concluyó Esquivel.