Nueva ruptura institucional; Ahora Petro la emprendió contra el registrador

En medio de fuertes tensiones políticas, una nueva ruptura institucional genera la respuesta que ha dado el Gobierno a la decisión del registrador nacional, Hernán Penagos, de dejar el decreto de la convocatoria de la consulta popular en manos de las altas cortes.

El presidente Gustavo Petro ha expresado su furia y su molestia por esta decisión que en su concepto, va en contra de la ley,

“El registrador no tenía ningún derecho a decir lo que dijo. Está en una situación de sedición contra el presidente de la República y quiero las acciones jurídicas. Eso no se hace”, dijo el presidente en el consejo de ministros.

Y agregó que “Todo funcionario cumple el decreto y la ley, de pronto me pronuncio yo primero. Alrededor de estos temas nosotros no retrocedemos en nuestra misión”.

Incluso, el ministro de justicia, Eduardo Montealegre, anunció que se está evaluando la posibilidad de formular una denuncia penal por prevaricato contra el registrador Penagos.

“Porque él se abstiene de cumplir la orden presidencial y eso nada más ni nada menos que es un delito de prevaricato y además una usurpación de una función pública”, señaló el ministro al calificar esto como «un desafío a la institucionalidad colombiana”.

Por su parte, el registrador Hernán Penagos ha asegurado que su actuación ha sido conforme a la constitución, señalando que no es juez y quien debe decidir ante estas controversias jurídicas son las altas cortes.

“Entiendo y están en su derecho aquellos que endilgan prevaricato de parte de la Registraduría o del registrador, son sus palabras. Lo que si les puedo asegurar es que este registrador está actuando en respeto a la constitución y la ley”, señaló.

Argumentó Penagos que se debe tener una actitud “prudente” al entender la situación tan compleja que vive el país porque “no se trata simplemente de la convocatoria de una consulta popular, sino del respeto por el principio de la separación de poderes y de una controversia jurídica que puede generar dificultades futuras muy complicadas”.

El registrador reiteró la importancia de los jueces y las Altas Cortes para que definan si se avanza o no en la consulta popular. “Hay que ser prudentes y respetuosos y hay que cuidar los recursos publicos”, agregó.

/Colprensa